La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha lanzado una propuesta dirigida al Gobierno para abordar un problema estructural que afecta a miles de músicos en España: la precariedad y la falta de regularización laboral de quienes actúan como autónomos en el sector artístico.
Según la organización, una de las causas principales de esta situación es el uso extendido de empresas de facturación que operan de manera irregular. Estas entidades, contratadas por los músicos para emitir facturas y cobrar sus actuaciones, estarían generando un perjuicio millonario a la Seguridad Social mediante cotizaciones mínimas que no se corresponden con la actividad real. UPTA estima que el fraude podría superar los 150 millones de euros anuales.
Propuesta para acabar con el fraude y proteger a los músicos autónomos
Además del impacto en la Seguridad Social, estas prácticas también suponen una infracción fiscal grave. Parte de los ingresos reales no se declaran adecuadamente, ya que las facturas no reflejan la totalidad del dinero percibido por los músicos, lo que abre la puerta a una doble economía informal.
Frente a este panorama, UPTA propone la creación de una fórmula de cotización especial dentro del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), que se aplicaría a los músicos con ingresos bajos, siguiendo la línea del Real Decreto-Ley 1/2023. La medida incluiría un tope de facturación anual de 4.000 euros y una cuota mensual de 90 euros, permitiendo así a los profesionales más vulnerables del sector acceder a la protección social sin depender de intermediarios que operan al margen de la legalidad.
Eduardo Abad, presidente de UPTA, ha señalado que esta iniciativa es clave para proteger los derechos laborales y sociales de los músicos autónomos y acabar con la “impunidad” de unas prácticas que llevan años deteriorando las condiciones del sector.
