La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) desean expresar su preocupación ante un reciente cambio de criterio por parte del Ministerio de Trabajo y Economía Social en lo que respecta a la bonificación de la formación obligatoria para las empresas. Esta situación afecta directamente a la seguridad jurídica de las empresas. Especialmente a las pymes y las de menor tamaño. Se ha producido en un momento en el que España ostenta la Presidencia del Consejo de la Unión Europea, en pleno Año Europeo de las Competencias.
Desde la implementación del sistema de bonificaciones a la formación en 2004, tanto el Ministerio de Trabajo, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) como el Tribunal Supremo (Sala de lo Social) habían aceptado de manera consistente la bonificación de la formación obligatoria para las empresas. Esta práctica se basaba en la interpretación de que estas ayudas estaban en consonancia con el sistema de formación para el empleo. Y, estaban reconocidas como tales en los informes legales tanto del Ministerio como de la Fundación.
La inesperada modificación de este criterio, en algunos casos con efecto retroactivo. Y también la posibilidad de aplicar intereses y sanciones, plantea serias preocupaciones sobre la seguridad jurídica de las empresas. Esta incertidumbre se agrava. Sobre todo en un contexto en el que cada vez existe más formación obligatoria por ley o por convenio. Esto genera interrogantes. Sobre la pertinencia de mantener la obligación para las empresas de contribuir financieramente a la formación, dado que su utilidad en este sentido se ve cada vez más reducida.
Reclamo a la formación obligatoria en las empresas
CEOE y CEPYME, en representación de las empresas, hacen un llamado a la adopción urgente de medidas normativas y administrativas. Para corregir esta situación y restauran la seguridad jurídica que es esencial para el adecuado funcionamiento de las empresas en España. Cabe destacar que en 2022, de los 2.556 millones de euros recaudados como cuota finalista de formación, el 85% fue aportado por las empresas, mientras que el 15% restante provino de los trabajadores.
