La Confederación Intersectorial de Autónomos del Estado Español ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar la Ley de la Segunda Oportunidad para combatir los problemas de insolvencia entre los autónomos.
Cada vez son más las actividades económicas llevadas a cabo por autónomos que se ven en concursos de acreedores. Durante el 2018, esta cifra aumentó un 18’9%, según los datos oficiales. Según han explicado desde CIAE, seguimos encontrándonos con más insolvencias que concursos de acreedores. Esta situación demuestra que muchas empresas siguen sin acudir al concurso, lo cual pone de manifiesto que existe una gran bolsa de economía sumergida.
La situación de los autónomos
Conseguir crear una buena proyección empresarial no es sencillo. El colectivo autónomo no tiene suficientes apoyos e incentivos que les ayude a expandirse en el mundo empresarial. Sin embargo, para las actividades que han caído en insolvencia existe la Ley de la Segunda Oportunidad. Los autónomos son uno de los colectivos más importantes en cuestiones de creación de empleo. Sin embargo, su trabajo se ve comprometido y con enormes dificultades. A esto hay que sumarle la ineficiencia de la Ley de Segunda Oportunidad.
¿Por qué fracasa la Ley de Segunda Oportunidad? Uno de los principales motivos de su fracaso es que esta ley requiere de un acuerdo previo extrajudicial con los acreedores. Además, deberá demostrar que es deudor de buena fe y demostrar que se cuenta con más de un acreedor y que no puede pagar las deudas.
Las Administraciones Políticas cuentan con enormes privilegios en el concurso. Por tanto, también se pide imitar los privilegios de que disponen estas administraciones. Por ejemplo, estas aparecen como crédito privilegiado. Además, en las soluciones preconcursales y extraconcursales, estas administraciones no están obligadas a acudir ni a la Agencia Tributaria ni a la Seguridad Social.
Además, desde CIAE, consideran que es necesario incluir un apartado específico dirigido a los autónomos y pymes. Consideran que este punto es completamente necesario ya que el 99’7% de las empresas en España corresponden a autónomos y pymes.
