Una cada tres pymes admite haber sido objeto de vulneraciones de sus derechos de propiedad intelectual, como recoge el estudio realizado por EUIPO. Por lo general, para resolver este tipo de situaciones optan por la vía amistosa en un primer momento. En el caso de que estas negociaciones no surtan efecto, acabarían emprendiendo acciones judiciales.
En cualquier caso, no siempre recurren a esta opción debido a que las empresas más pequeñas no tienen la capacidad para afrontar procesos judiciales tan largos y costosos a la hora de defender los ataques a la propiedad industrial.
Un 35% de las compañías que no tienen registrados sus derechos de propiedad industrial no le encuentran ningún beneficio a esto. En bastantes ocasiones las pymes dejan de proteger sus activos por distintos motivos, como pueden ser la complejidad o los costes del registro, o la falta de conocimientos.
Además, otra de las conclusiones que se extraen de este estudio es que el 60% de las compañías creen que la protección de sus innovaciones resulta beneficiosa para el negocio. Entienden que con esto mejora de forma considerable su reputación e imagen, pero también hay un refuerzo de las perspectivas empresariales con el tiempo.
Las empresas que optan por registrar sus activos suelen decantarse en la mayor parte de las ocasiones por medidas de protección alternativas a los registros de marcas, sobre en lo que hace referencia a los nombres de dominio o a los secretos comerciales. Para el resto de innovaciones, las fórmulas más empleadas son las marcas nacionales, las de la UE, las patentes, los modelos de utilidad y los dibujos nacionales.
En el proceso de registro, los pasos más destacados hacen referencia a la invención de nuevos artículos, servicios o procesos; la fabricación y la venta del producto. Las pymes que optan por proteger sus derechos de propiedad intelectual lo hacen con intención de que no les copien.
