De todas las licitaciones públicas que se adjudican tan solo el 4% van a autónomos con menos de cinco trabajadores. Mientras que el 60% van a parar a grandes empresas que no tienen trabajadores y que subsisten mediante la subcontratación de autónomos. Lo que se une que este tipo de ofertas son uno de los principales factores que afectan a la cadena de subcontratación, produciendo precariedad y acabando con miles de contratos a autónomos.
UPTA actúa sobre las licitaciones públicas
Teniendo todo esto en cuenta, UPTA, ha planteado en sus propuestas electorales una modificación en profundidad de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que fundamentalmente debe producirse en la siguiente línea: “Deben primar las condiciones técnicas y profesionales sobre las únicamente económicas, es ineludible reducir las exigencias financieras y de solvencia económica, resulta del todo imprescindible valorar las carreras profesionales”.
Eduardo Abad, presidente de UPTA, “en la cadena de subcontratación el autónomo es el eslabón más débil. Por ello tiene que ser protegido desde el punto de vista de las retribuciones que percibe. Por los servicios que presta y para que su actividad económica sea rentable”.
Cabe destacar que las condiciones son pésimas. De un contrato público adjudicado a una gran empresa o una empresa de mediano tamaño, solo se producen subcontrataciones. Que, además, se suele hacer a autónomos con pocos trabajadores. Las retribuciones económicas que se abonan a los autónomos subcontratados son menos del 30% del valor total de la propia licitación. Lo que implica que el presupuesto realmente está por debajo del valor real de mercado.
Ley de Contratos del Sector Público
Con la reforma estructural de la Ley de Contratos del Sector Público se debe conseguir el cumplimiento de la Ley. Por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Más teniendo en cuenta que alrededor del 70% de las empresas que subcontratan a pequeños proveedores de servicios o bienes, duplican los periodos de pagos referenciados en dicha Ley.
En este aspecto Abad indica que “uno de los grandes problemas de la dimensión de los pequeños negocios radica precisamente en la incapacidad de poder crecer desarrollando directamente trabajos para las administraciones. Y que estos, ofertan a licitación pública todo tipo de productos o servicios, en los que casi siempre ganan los mismos, los grandes, los que precarizan y explotan a trabajadores por cuenta propia y ajena.
