Con la entrada en vigor de nuevas normativas sobre facturación, los autónomos se enfrentan a importantes cambios en sus obligaciones fiscales. Dos reglamentos destacan en este escenario: Verifactu y la facturación electrónica, ambos de cumplimiento obligatorio, pero con diferencias significativas en su aplicación y objetivos.
Qué es el reglamento Verifactu
El reglamento Verifactu, que entrará en vigor el 1 de julio de 2025, tiene como objetivo estandarizar los requisitos técnicos de los programas de facturación. Su principal finalidad es garantizar la integridad, conservación y trazabilidad de las facturas emitidas por autónomos y empresas. Esto implica que los softwares utilizados deben registrar cualquier modificación realizada en las facturas y permitir su remisión a la Agencia Tributaria cuando sea necesario. Este reglamento, alineado con la ley antifraude, aplica tanto a operaciones entre empresas y consumidores (B2C) como entre empresas (B2B), y busca combatir el fraude fiscal al garantizar registros inalterables y transparentes.
Qué implica la facturación electrónica
Por otro lado, la facturación electrónica establece el uso obligatorio de este formato en las operaciones entre empresas y autónomos (B2B). Según la ley «Crea y Crece», su objetivo es reducir la morosidad en los pagos, asegurando que los plazos no superen el límite legal de 60 días. Su aplicación será escalonada: en 2026 será obligatoria para empresas con una facturación superior a 8 millones de euros y, a partir de 2027, para el resto de empresas y autónomos.
Adaptación a ambas normativas
La convergencia de estos dos reglamentos exige a los autónomos adaptar sus sistemas informáticos de forma integral.
Mientras que el reglamento Verifactu afecta la gestión interna y la seguridad de los datos de facturación, la facturación electrónica regula el formato de las facturas y los tiempos de pago en las relaciones B2B. Ambos marcan un paso importante hacia una mayor transparencia y eficiencia en la gestión fiscal.
