La Ley Antifraude tiene como propósito reforzar la lucha contra el fraude fiscal y está dirigida a todos los agentes que desarrollan actividades económicas, incluyendo autónomos, pymes y empresas.
Entre sus medidas más destacadas están:
- Limitación de pagos en efectivo para operaciones profesionales.
- Obligación de informar sobre operaciones con criptomonedas.
- Cambios en el umbral para la lista de morosos.
- Valoración de referencia de inmuebles.
Facturación y sistemas obligatorios según la ley antifraude
Uno de los puntos más significativos de la ley antifraude es la regulación de los sistemas de facturación. La normativa prohíbe el uso de software que permita manipular registros contables o generar dobles contabilidades.
Los sistemas de facturación deben cumplir requisitos técnicos que garanticen la inalterabilidad de registros, trazabilidad mediante hash encadenados, firma electrónica y generación de facturas en un formato estandarizado (XML). Además, las facturas deben incorporar un código QR para que los clientes puedan verificar su autenticidad.
Adaptación de pymes y autónomos
Los plazos de adaptación se han establecido para que pymes y autónomos modernicen sus sistemas de facturación de manera escalonada, de modo que cumplan con los requisitos legales antes de que se apliquen sanciones por incumplimiento.
Desde el sector de software, los productos deben estar ya preparados para cumplir con la normativa.
Excepciones
No todos los negocios están sujetos a esta obligación. Quedan excluidos:
- Empresas en territorios con sistemas fiscales propios, como País Vasco o Navarra.
- Negocios que ya están bajo sistemas de información inmediata como el SII.
Sanciones por incumplimiento
Las consecuencias por no cumplir la normativa pueden ser importantes:
- Sanciones económicas para usuarios que utilicen programas no conformes.
- Multas más elevadas para fabricantes o comercializadores de software que no respeten los requisitos legales.
- En casos graves de fraude fiscal, podrían aplicarse sanciones administrativas o penales.
Beneficios y finalidad de la ley antifraude
La regulación busca mejorar la transparencia fiscal, reducir la economía sumergida y digitalizar la facturación empresarial, facilitando la conexión con organismos tributarios y mejorando la eficiencia.
