Más de uno de cada cuatro trabajadores por cuenta propia en España obtiene ingresos insuficientes para vivir con dignidad. La organización de autónomos reclama un cambio de enfoque en las políticas públicas y plantea medidas para facilitar el acceso a un empleo asalariado estable.
El trabajo autónomo en España atraviesa una paradoja cada vez más evidente: mientras el mercado laboral muestra signos de crecimiento, una parte significativa de los autónomos continúa atrapada en situaciones de precariedad económica. Según los últimos análisis del Observatorio Económico del Trabajo Autónomo, cerca del 25% de los trabajadores por cuenta propia puede considerarse “autónomo pobre”, al no alcanzar ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas ni garantizar su futuro profesional.
Los datos fiscales confirman esta realidad. Casi 800.000 autónomos declaran rendimientos mensuales iguales o inferiores a 670 euros, lo que supone más del 20% de las personas dadas de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. De ellos, más de medio millón desarrollan una actividad económica frecuente y única, lo que pone de manifiesto que no se trata de situaciones puntuales, sino de una precariedad estructural.
Políticas de autoempleo que no generan negocios viables
Desde la organización de autónomos se advierte de que las políticas de impulso al autoempleo aplicadas de forma generalizada han contribuido a agravar el problema. Incentivos como la tarifa plana o las ayudas al inicio de actividad han favorecido el alta de personas sin un proyecto empresarial sólido, sin estructura suficiente o sin competencias adecuadas para consolidar un negocio sostenible.
Uno de los datos más preocupantes es que más del 60% de los autónomos acogidos a la tarifa plana declara ingresos inferiores a los 700 euros mensuales. A juicio de la organización, estas cifras evidencian que muchas de estas iniciativas no han servido para crear empleo estable, sino para trasladar la precariedad al trabajo por cuenta propia.
En este contexto, UPTA propone articular mecanismos que permitan una salida ordenada del autoempleo para aquellos autónomos cuyos proyectos no resultan viables. La entidad plantea que el Servicio Público de Empleo Estatal impulse programas de orientación laboral individualizada, recualificación profesional y acreditación de competencias, con el objetivo de facilitar la transición hacia empleos asalariados acordes con la experiencia de estos trabajadores.
La organización insiste en que apoyar estas salidas no supone abandonar el fomento del trabajo autónomo, sino apostar por un modelo basado en la calidad, la viabilidad y la dignidad laboral. Ayudar a cerrar etapas precarias, señalan, también es una forma de proteger a quienes han asumido riesgos sin obtener una rentabilidad mínima.
