El colectivo autónomo y las microempresas tienen una representación en los contratos públicos casi nula. Según el último informe publicado por el Observatorio de la Contratación Pública, las medianas y las grandes empresas acaparan más del 75% de los contratos públicos en nuestro país el pasado año. Estas cifras dejan una ejecución directa de autónomos y microempresas casi insignificante.
Son las comunidades autónomas las que más concursos públicos sacan. En concreto, el 50% del total son licitaciones de las CCAA. Por su parte, el 35% pertenecen al ámbito municipal. El 14% son contratos público provenientes del Gobierno central. Pues bien, en estos contratos se deja fuera a los autónomos y empresas pequeñas, que son parte fundamental del motor económico en España.
Los autónomos, una vez, los más perjudicados
“No podemos renunciar a este fundamental nicho de negocio que se genera todos los años, ni tampoco podemos depender de la subcontratación de otras empresas que disminuye nuestro beneficio, retrasa los periodos de pago y no sirve para demostrar en el futuro la necesaria solvencia técnica”. Esto han querido destacar desde la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA). La organización ha dejado claro cómo estos colectivos son los más perjudicados en los pagos, en las ayudas y, ahora, en los contratos públicos como se está demostrando.
El acceso a las licitaciones de los contratos públicos han mejorado desde la transposición de las directivas europeas 23 y 24 de 2014, según subrayan en UPTA. Sin embargo, aún se mantienen muchos impedimentos para poder optar a estos contratos, y la transposición legislativa “se ha acometido ya avanzado el año 2018”.
Otra de las dificultades que encuentran los autónomos para optar a estos contratos, es la falta de conocimiento. No son licitaciones que se expongan mucho. Es complicado que muchos trabajadores por cuenta propia conozcan muchos de ellos.
Desde UPTA se solicita la eliminación de las trabas administrativas y legales para que los autónomos puedan acceder más fácilmente a los contratos públicos. Éstos son una gran oportunidad para el colectivo. Suponen una gran fuente de ingresos, aumento del trabajo, y, por tanto, generador de empleo y riqueza.
