La conocida como Ley de Segunda oportunidad es el Real decreto 1/2015 de 2 de febrero que aprobó el gobierno hace tres años, con el fin de facilitar a los autónomos, personas físicas, y también familias, y particulares en general que puedan librarse de sus deudas y afrontar una nueva vida. A través de esta Ley de Segunda Oportunidad, es posible que se conceda una liberación de las deudas que se hayan derivado de su actividad profesional. Para ello, es preciso que se haya actuado de buena fe y no se haya declarado culpable en el concurso de acreedores, no ha podido ser nunca condenado por delitos contra la Agencia Tributaria, ni haber rechazado una oferta de ocupación, así como haber satisfecho los créditos contra la masa.
Casos de exoneración de la deuda
Recientemente se conseguía la cancelación de una deuda de un empresario que llevaba acarreando desde el año 1992. La empresa “Repara tu deuda” ha sido la encargada de llevar el caso de Francisco Mula, que tenía una deuda de cerca de medio millón de euros derivada de sus trabajos en los Juegos Olímpicos de Barcelona.
Normalmente los autónomos que recurren a la Ley de Segunda Oportunidad es porque tienen una situación de insolvencia por “la imposibilidad de atender al pago de las deudas contraídas con entidades bancarias en cuanto a la financiación de su actividad profesional, así como por deudas públicas frente a Hacienda y Seguridad Social”, según ha asegurado Carmen Pedroche, de Bufete Rosales. Desde este despacho también han conseguido librar de su deuda a un autónomo que tenía unos 200.000 euros que pagar y ningún activo para hacerle frente.
Por su parte, el despacho de abogados Gómez Garrido, también ha logrado la exoneración de un autónomo con una deuda de 500.000 euros con varias entidades financieras, gracias a que “no había deudas con Seguridad Social ni con Hacienda”.
Precisamente este último punto es en el que coinciden los expertos que debería cambiar la ley. Y es que cuando las deudas se tienen con la Administración pública, no se pueden cancelar. Esto, unido a una implantación de mecanismos para agilizar el proceso son los principales reclamos de los abogados expertos en la materia.
