A falta de pocos meses para que el sistema de facturación Veri*Factu sea de uso obligatorio en España, una gran parte del tejido empresarial aún no está preparado para su implementación. Según un estudio de Legálitas Negocios, el 47,3% de los autónomos y pymes desconoce en qué consiste esta nueva normativa o cuándo deberán adaptarse a ella, lo que podría derivar en sanciones de hasta 50.000 euros por ejercicio fiscal.
Desinformación y falta de preparación ante la nueva normativa
El informe, elaborado a partir de una encuesta en redes sociales en la que participaron más de 1.600 emprendedores, revela un panorama de desinformación y falta de preparación ante una de las reformas digitales más relevantes del sistema tributario español. Veri*Factu será obligatorio a partir del 1 de enero de 2026 para sociedades mercantiles —como las limitadas y anónimas— y, seis meses más tarde, el 1 de julio, también para los trabajadores autónomos.
Pese a que la Agencia Tributaria ya dispone de la infraestructura técnica necesaria y el sistema puede implementarse desde ahora, uno de cada cuatro encuestados (25,4%) reconoce que aún no ha iniciado el proceso de adaptación porque considera que “todavía hay tiempo”. En contraste, solo un 27,4% asegura conocer el sistema y estar trabajando en su instalación, lo que confirma el escaso nivel de cumplimiento entre los profesionales.
Veri*Factu es el nombre con el que se conoce al conjunto de requisitos técnicos que deberán cumplir los programas informáticos de facturación para garantizar que las facturas emitidas sean auténticas, inalterables y verificables en tiempo real por la Agencia Tributaria. El objetivo principal es combatir el fraude fiscal y promover la digitalización y transparencia de las operaciones económicas.
Riesgos de no adaptarse al nuevo sistema de facturación
Los expertos de Legálitas Negocios advierten que no adaptarse a tiempo puede tener consecuencias más allá de las sanciones económicas. Entre los riesgos figuran la pérdida de clientes, retrasos en los cobros y daños reputacionales si las facturas no cumplen con los estándares exigidos por grandes compañías o administraciones públicas.
Además, las sanciones pueden agravarse hasta 150.000 euros en casos de desarrollo o distribución de programas ilegales, lo que refuerza la urgencia de la adaptación. Desde Legálitas recuerdan que el cumplimiento no solo es una obligación legal, sino también una oportunidad para modernizar la gestión empresarial y asegurar la competitividad en un entorno cada vez más digitalizado.
