El masivo apagón que paralizó buena parte del país el pasado lunes, 28 de abril. Ha dejado consecuencias importantes en el tejido económico más vulnerable: los trabajadores autónomos. Según estimaciones de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), más de dos millones de autónomos se vieron directamente perjudicados por la interrupción del suministro eléctrico. Afectando gravemente a sus actividades diarias.
La organización denuncia que miles de pequeños negocios, desde comercios y talleres hasta servicios profesionales, sufrieron pérdidas económicas significativas. Ya sea por la imposibilidad de atender a clientes, la pérdida de productos perecederos o la interrupción de servicios esenciales.
Ante esta situación, UPTA exige a las compañías eléctricas una mayor responsabilidad y transparencia, recordando que la legislación vigente respalda a los afectados. Tanto la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico como el Real Decreto 1955/2000 obligan a las eléctricas a garantizar un suministro estable. Salvo en casos excepcionales debidamente justificados y, además, con aviso previo de al menos 24 horas.
Las interrupciones no notificadas con antelación y que duren más de tres minutos dan derecho a los autónomos a reclamar por los daños sufridos. No obstante, UPTA denuncia que muchas veces estas obligaciones no se cumplen, dejando a los pequeños negocios sin herramientas efectivas para exigir compensaciones.
«Tenemos argumentos jurídicos sólidos para exigir que las compañías eléctricas respondan por los daños ocasionados», ha declarado Eduardo Abad, presidente de UPTA. “No podemos permitir que los pequeños negocios sufran consecuencias económicas sin que nadie asuma responsabilidades”, añadió.
Desde la organización animan a los autónomos afectados a documentar cuidadosamente el impacto sufrido, conservar facturas, registros o cualquier prueba que demuestre los perjuicios, y presentar las reclamaciones correspondientes ante las compañías suministradoras.
El apagón no solo ha encendido las alarmas sobre la fiabilidad del suministro eléctrico en España, sino también sobre la necesidad urgente de reforzar la protección jurídica y económica de los autónomos ante este tipo de imprevistos.
