La Cámara de Comercio de España ha solicitado al Gobierno Nacional que tome todas las medidas necesarias de forma inmediata para asegurar el trabajo en una situación inusual como la expansión del coronavirus. Las solicitudes se realizaron antes de que el Gobierno comunicara las medidas económicas para paliar el fuerte impacto que va a ocasionar el COVID-19.
La Cámara de Comercio pedía, en este sentido, establecer diferentes medidas para ayudar a las empresas en su supervivencia y consolidar la solvencia productiva. La idea es hacerlo mediante un aval público y dando el mayor soporte posible a todos los afectados por la crisis provocada por el virus.
A nivel laboral, la institución ha puesto sobre la mesa el hacer más flexibles las condiciones laborales para poder aligerar los plazos para el trámite de procedimientos de suspensión de contratos de trabajo y disminución de jornadas por causas productivas.
Además, la Cámara de Comercio quiere que se establezca una prórroga de las cuotas que las empresas y trabajadores por cuenta propia tienen que pagar a la Seguridad Social. Asimismo, solicita que no se pongan intereses ni recargos, y que se bonifiquen, a su vez, las cuotas de la Seguridad Social de los autónomos que se hayan visto obligados a parar su trabajo.
Por otro lado, a nivel fiscal, el organismo insta a que se posterguen el pago de los impuestos trimestrales y retenciones de los seis primeros meses del año a autónomos y pequeñas y medianas empresas que se hayan visto involucradas. A su vez, para las grandes empresas, quiere que se aplace pago de los impuestos de los seis primeros meses sin ningún coste extra con el objetivo de que puedan abonarlos cuando la situación vuelva a la normalidad.
Establecer líneas de crédito
La Cámara de Comercio quiere asegurar la liquidez de las diferentes empresas, por eso solicita créditos para que puedan contar con avales de garantía. Pretenden que sea la Administración quien contraiga la responsabilidad de los costes procedentes de adoptar medidas excepcionales en los sectores damnificados de forma directa.
Por último, reclaman un sistema de información entre los diferentes ministerios para mantenerlos informados acerca de las solicitudes que realizan las empresas y trabajadores y, así,
