Los trabajadores autónomos atraviesan uno de los momentos de mayor presión económica de los últimos años. El aumento de la carga fiscal, la subida de los costes de producción y el encarecimiento de la vivienda están deteriorando la rentabilidad de miles de pequeños negocios, según alerta la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).
De acuerdo con el Observatorio Económico del Trabajo Autónomo de la organización, el 60% del colectivo considera que los elevados impuestos y el incremento generalizado de precios son actualmente sus principales dificultades. La entidad advierte de que esta situación se ha agravado en los últimos meses por la inestabilidad internacional y la persistencia de la inflación.
Precio de la energía
Entre los factores que más impactan en la actividad figura el aumento del precio de la energía, el transporte y las materias primas. UPTA vincula parte de esta tensión al conflicto en Irán, que ha generado incertidumbre en los mercados energéticos y nuevas subidas en carburantes y electricidad. Para muchos pequeños negocios, estos suministros representan una parte esencial de sus gastos operativos.
A ello se suma la presión inmobiliaria. El incremento del precio de la vivienda afecta directamente a la economía familiar de los autónomos, mientras que muchos profesionales también deben asumir alquileres más altos en sus locales comerciales. Según los datos manejados por la organización, el precio de la vivienda ha subido con fuerza en áreas urbanas y los arrendamientos, tanto residenciales como comerciales, mantienen una tendencia alcista desde hace años.
Los costes fijos reducen inversión y rentabilidad
Esta combinación está reduciendo la capacidad de inversión de numerosos trabajadores por cuenta propia y complica la continuidad de muchos negocios, especialmente en sectores con márgenes reducidos.
El presidente de UPTA, Eduardo Abad, sostiene que las medidas parciales aplicadas hasta ahora no resuelven el problema de fondo. A su juicio, el colectivo necesita una respuesta estructural que combine alivio fiscal, control de costes y apoyo real a la actividad económica.
La organización reclama así una estrategia coordinada que permita frenar la pérdida de capacidad económica de los autónomos, un segmento clave del tejido productivo español.
