Cuando se habla de la pérdida de criptomonedas, la mayoría de las personas —e incluso muchos profesionales del derecho— tienden a meterlo todo en el mismo saco: la «estafa». Sin embargo, el panorama legal actual en España está revelando una realidad mucho más profunda y técnicamente compleja.
El robo de activos digitales no siempre es el resultado de un engaño; a menudo es la culminación de una incursión ilegítima en la vida privada de una persona. Aquí es donde la apropiación indebida toma protagonismo y donde la figura del perito judicial informático se convierte en el único puente real entre un robo en la red y una sentencia condenatoria.
Tradicionalmente, el artículo 248 del Código Penal define la estafa como un engaño que induce a la víctima a realizar un acto de disposición patrimonial.
Pero, ¿qué ocurre cuando el atacante no engaña al usuario, sino que simplemente asalta su dispositivo? En estos casos, nos alejamos de la estafa para entrar de lleno en otro tipo de tipologías delictivas.
El acceso no autorizado a una billetera digital implica, por definición, la apropiación de un bien no tangible: la frase semilla (seed phrase) o las claves privadas. El artículo 235 del Código Penal protege precisamente este ámbito, castigando a quien incorpore al patrimonio propio un bien de un tercero, negándose a restituirlo.
Cuando un atacante intercepta una frase semilla o accede a un dispositivo para sustraer credenciales, está cometiendo un delito de apropiación indebida, una figura legal que no requiere que la víctima haya sido «engañada», sino simplemente «invadida».
Este matiz es vital para los abogados de estafas de criptomonedas. Calificar la sustracción bajo el artículo 235 ofrece una protección jurídica más robusta y específica. Y es que las penas por este tipo de delitos pueden llegar hasta los seis años de cárcel, si cuenta con agravantes.
El perito judicial informático: el traductor de la verdad digital
Para que un juez entienda que esos «bits» que faltan en una cartera representan un delito penal, se necesita una prueba que sea comprensible y, sobre todo, inequívoca.
No basta con presentar una captura de pantalla de una transacción; en el entorno judicial, un «pantallazo» carece de valor probatorio por sí solo porque es fácilmente manipulable.
La firma especializada Blocand se ha posicionado como el referente en este sector, encargándose de emitir el informe pericial de criptomonedas, necesario para que jueces y fiscales puedan procesar estas denuncias con éxito.
El trabajo consiste en transformar un rastro volátil y complejo en la blockchain en una prueba admisible en un tribunal, aplicando metodologías que garantizan la autenticidad e integridad de la evidencia.
La importancia crítica de la cadena de custodia
Uno de los mayores errores que cometen las víctimas —y a veces sus representantes legales— es manipular los dispositivos afectados antes de que un experto intervenga. En el peritaje informático, la cadena de custodia es sagrada. Se trata del conjunto de procedimientos que aseguran que la prueba no ha sido alterada desde que se identifica hasta que llega al juzgado.
Empresas como Blocand aplican estándares internacionales como la ISO/IEC 27037, que dicta cómo debe realizarse la adquisición y preservación de la evidencia digital. Esto incluye:
- Extracción forense: Obtención de copias «bit a bit» de los dispositivos para no alterar los originales.
- Cálculo de hashes: Generación de una «huella digital» única que demuestra matemáticamente que la información no ha variado en el tiempo.
- Certificación de trazabilidad: Documentar cada paso técnico para que la parte contraria no pueda alegar una posible manipulación.
Sin este rigor técnico, incluso la evidencia más clara del mundo puede ser desestimada por un tribunal, dejando a la víctima en una situación de indefensión absoluta.
Blockchain forensics: siguiendo el rastro del dinero
Aunque el atacante intente esconderse tras el supuesto anonimato de la red, la blockchain es, en realidad, un registro inmutable y transparente. Sin embargo, rastrear esos fondos requiere de herramientas de inteligencia tecnológica financiera de alto nivel.
El perito judicial no solo analiza el dispositivo de la víctima para identificar el vector de ataque —como un ataque de phishing, un troyano o un SIM swapping—, sino que también realiza un análisis forense de la blockchain. Esto permite identificar cuándo los activos robados entran en un exchange centralizado (VASP).
En este punto, el informe de empresas como Blocand resulta decisivo. Al certificar la ruta de los fondos, el perito proporciona la base técnica para que el abogado solicite medidas cautelarísimas, como el bloqueo inmediato de las cuentas en el exchange donde se encuentran los activos.
Gracias a los protocolos KYC (Know Your Customer), una vez bloqueados los fondos, se puede proceder a la identificación del autor mediante orden judicial.
El valor de la ratificación en juicio
El proceso no termina con la entrega del informe. El perito informático debe acudir a la sala de vistas para ratificar su dictamen y responder a las preguntas del juez y las partes.
Su función es actuar como un docente técnico: explicar qué es una frase semilla, por qué el acceso fue ilícito y cómo se ha garantizado que la prueba presentada es la original.
La solvencia del perito durante este interrogatorio es, a menudo, lo que inclina la balanza hacia la victoria legal. Un informe pericial robusto, bien estructurado y defendido por expertos que comprenden tanto la tecnología como el marco legal español, es la herramienta más poderosa para recuperar activos y asegurar que el delito de revelación de secretos no quede impune.
Conclusión
El robo de criptoactivos es una apropiación indebida y es un desafío que requiere una respuesta multidisciplinar. Para las víctimas que ya están en un proceso legal o para los abogados que se enfrentan a estos casos, la clave no está solo en la ley, sino en la capacidad de demostrar los hechos con rigor científico.
La intervención de un perito judicial informático especializado es lo que convierte una sospecha en una prueba, y una pérdida en una oportunidad real de justicia y recuperación.
En un ecosistema donde los bienes son digitales, solo la excelencia técnica de firmas como Blocand puede garantizar que la verdad prevalezca ante los tribunales.
