Con la llegada del último trimestre del año, las empresas españolas vuelven a centrar su atención en una de sus principales obligaciones fiscales: el Impuesto sobre Sociedades. Este tributo, que grava los beneficios obtenidos por personas jurídicas, constituye una de las fuentes más relevantes de ingresos para el Estado y una de las declaraciones más complejas del calendario tributario.
Impuesto sobre Sociedades: tipos, cálculo y deducciones
El impuesto se aplica de forma general a sociedades mercantiles, asociaciones y fundaciones, aunque existen matices en función de la naturaleza de cada entidad. Su tipo impositivo estándar se mantiene en el 25 %, si bien existen regímenes reducidos: un 15 % para compañías de nueva creación durante los primeros ejercicios con beneficios, un 10 % para entidades sin ánimo de lucro y un 0 % para determinados fondos, como los de pensiones. Además, ciertas actividades estratégicas o territorios específicos cuentan con bonificaciones adicionales.
El cálculo del impuesto parte del resultado contable del ejercicio. A esa cifra se le aplican ajustes fiscales, eliminando ingresos exentos o gastos no deducibles, con el fin de obtener la base imponible. Sobre ella se aplica el tipo correspondiente para determinar la cuota íntegra. Posteriormente, entran en juego las deducciones y bonificaciones reconocidas por la normativa, como las destinadas a actividades de investigación, protección medioambiental o reducción de la doble imposición internacional. El resultado final es la cuota líquida a ingresar.
Uno de los aspectos más relevantes en 2025 es la creciente importancia de la digitalización en el ámbito fiscal. La Agencia Tributaria impulsa cada vez más el uso de plataformas electrónicas para la presentación de declaraciones, lo que permite a las empresas agilizar trámites y garantizar mayor seguridad en la información enviada. Programas de ayuda y formularios en línea facilitan que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones de manera más sencilla y con menor margen de error.
Además, este ejercicio se caracteriza por un refuerzo de los incentivos dirigidos a fomentar la sostenibilidad y la innovación empresarial. Las compañías que inviertan en eficiencia energética, en la electrificación de flotas o en proyectos de I+D pueden beneficiarse de importantes reducciones en su factura fiscal.
