La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha mostrado su firme rechazo a la iniciativa presentada en el Congreso para suprimir la regularización por arraigo de personas migrantes. Aunque la propuesta, impulsada por Vox y apoyada por PP y Junts, no salió adelante en la Cámara, la organización advierte de que constituye un precedente político que podría poner en riesgo un mecanismo clave para la economía y la cohesión social del país.
Desde UPTA recuerdan que el arraigo, contemplado en la Ley de Extranjería, es una vía legal que permite a quienes ya llevan tiempo viviendo en España, ya sea por vínculos familiares, integración social o permanencia continuada, acceder a la residencia e incluso a un permiso de trabajo. Según la organización, este instrumento no solo responde a una necesidad social, sino que también es indispensable para garantizar la sostenibilidad del tejido productivo.
Los datos que demuestran la importancia del arraigo
Los datos avalan su postura: actualmente hay 485.330 autónomos extranjeros, lo que supone más del 14% del total del colectivo. A ellos se suman 2,2 millones de trabajadores por cuenta ajena, cerca del 13% de los asalariados. Sin esta aportación, remarcan desde UPTA, sería imposible mantener el actual nivel de actividad económica.
Además, la organización alerta de un desafío inminente: en la próxima década, más de 900.000 autónomos podrían desaparecer debido a la falta de relevo generacional. “La población activa española envejece a un ritmo acelerado y sin la incorporación de personas migrantes el sistema laboral y de protección social será insostenible”, advierten.
Eduardo Abad, presidente de UPTA, calificó la iniciativa parlamentaria como un “retroceso” y denunció que responde a motivaciones ideológicas y no a criterios racionales. “Si no hay trabajadores y trabajadoras, las empresas no pueden funcionar y los negocios se verán obligados a cerrar. Sería una catástrofe para la economía del país”, sentenció.
Con este posicionamiento, UPTA insiste en que garantizar el arraigo no es solo una cuestión de derechos humanos, sino también una medida estratégica para asegurar el futuro del empleo y del Estado del Bienestar en España.
