La digitalización fiscal sigue ganando terreno en Europa, con la factura electrónica como protagonista. Según la última guía publicada por SERES, compañía especializada en soluciones digitales para empresas, la mayoría de los países de la Unión Europea han fijado como horizonte el año 2026 para hacer obligatorio el uso de este formato en las transacciones entre empresas (B2B) y con administraciones públicas (B2G).
Países como Portugal, Bélgica, Polonia, Croacia y Letonia ya han establecido fechas concretas para su implantación. Francia, por su parte, ha optado por un enfoque progresivo. En 2026 será obligatorio el reporte electrónico de facturas para medianas y grandes empresas, mientras que la emisión obligatoria de facturas electrónicas B2B arrancará en 2027. Alemania seguirá una ruta similar.
España también avanza, aunque de forma algo más gradual. La implementación de plataformas como Verifactu y el desarrollo de la Ley Crea y Crece son parte del impulso normativo. Que, busca extender el uso de la factura electrónica entre las empresas privadas. En paralelo, la Comisión Europea ha dado luz verde al proyecto ViDA. Un ambicioso plan que moderniza el sistema de IVA a través de nuevos estándares de facturación electrónica, interoperabilidad entre países y mecanismos de control en tiempo real. Se espera que para 2035 todos los sistemas nacionales converjan hacia el modelo ViDA.
El interés por esta herramienta no se limita al espacio europeo. Reino Unido, Serbia y Noruega también están desarrollando iniciativas que abren la puerta a su obligatoriedad. En el caso británico, la consulta pública sobre la implantación obligatoria concluye este mismo mayo. Mientras que Serbia ya tiene previsto el uso de albaranes electrónicos a partir de 2027.
En el contexto español, el Estudio de la Factura Electrónica 2024 de SERES destaca un crecimiento récord en el uso de esta tecnología. Solo en el entorno B2B se emitieron más de 557 millones de facturas electrónicas, lo que supuso un aumento del 21% respecto a 2023. Esta digitalización ha supuesto un ahorro estimado de más de 4.300 millones de euros y ha evitado el uso de papel equivalente a la tala de más de 31.000 árboles.
Más allá del cumplimiento normativo, la factura electrónica se está consolidando como una palanca estratégica para la eficiencia empresarial, la sostenibilidad y el control financiero.
