Desde 2019, los autónomos en España han estado contribuyendo a la formación profesional a través de sus cotizaciones a la Seguridad Social. Sin embargo, los 32 millones de euros recaudados anualmente para este fin no se han destinado a ello. Los autónomos no tienen acceso a formación, lo que ha generado indignación entre las organizaciones de trabajadores por cuenta propia.
La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha denunciado que, desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 28/2018, los autónomos han aportado cerca de 192 millones de euros sin recibir acceso a planes formativos específicos. A diferencia de los trabajadores asalariados, que sí pueden beneficiarse de la formación subvencionada a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE). Los autónomos se encuentran sin opciones claras para mejorar sus competencias con estos fondos.
Un problema de gestión de recursos en el acceso a formación
Desde UPTA consideran que esta situación representa un agravio comparativo. Reclaman que los fondos recaudados sean transferidos al Ministerio de Trabajo y Economía Social para desarrollar un plan formativo adecuado a los autónomos. Su presidente, Eduardo Abad, ha sido tajante al respecto: “No podemos permitir que se prive a los autónomos de la posibilidad de actualizar sus conocimientos en un mercado laboral que exige cada vez más especialización”.
Para la organización, la falta de acceso a formación no solo afecta la competitividad de los autónomos. También frena la evolución del tejido productivo español. Por ello, han anunciado que están dispuestos a tomar acciones legales. Su objetivo es garantizar que estos fondos sean utilizados con el propósito para el que fueron creados.
A medida que el debate sobre el futuro de los autónomos en España sigue abierto, la cuestión de la formación se posiciona como un elemento clave para garantizar su desarrollo profesional. Y, su capacidad para adaptarse a los cambios del mercado.
