La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha rechazado tajantemente la propuesta del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social que prevé incrementar las cuotas entre 2026 y 2028. El planteamiento contempla subidas mensuales que oscilarían entre 11 y 206 euros según los ingresos de cada profesional, una medida que ha generado un fuerte rechazo institucional, político y social.
Nuevas cuotas de autónomos: un incremento cuestionado
Según las cifras avanzadas, los autónomos con rendimientos inferiores a 670 euros mensuales pasarían a pagar unos 217 euros al mes, mientras que quienes superen los 6.000 euros afrontarían una cuota cercana a los 800 euros. Para los tramos intermedios, los incrementos oscilarían entre 17 y 50 euros mensuales. ATA calcula que, de aplicarse la reforma, el Estado podría recaudar más de 5.700 millones de euros adicionales en tres años.
El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha calificado la propuesta de “sablazo” y ha dejado claro que la única opción que aceptarían sería prorrogar las cuotas actuales. También ha insistido en que cualquier revisión futura debe vincularse exclusivamente al IPC y no a nuevos tramos de cotización.
La reacción política ha sido igualmente tajante. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (Sumar), ha criticado públicamente la medida al considerar que penaliza a quienes menos ganan. Además, partidos como PP, Vox, ERC, Junts, Coalición Canaria y UPN ya han expresado su negativa a respaldar la reforma, lo que deja al Ejecutivo prácticamente solo en esta iniciativa.
El debate llega en un momento especialmente delicado para los trabajadores por cuenta propia, que reclaman estabilidad y carga fiscal moderada. El rechazo generalizado complica la aprobación parlamentaria de la medida y deja en el aire su puesta en marcha. Desde el Ministerio se apunta a que el documento filtrado sería solo un borrador inicial y que están dispuestos a negociar modificaciones.
Si no se logra un acuerdo, las cuotas actuales podrían mantenerse más allá de 2025. Mientras tanto, las asociaciones de autónomos insisten en que cualquier cambio debe basarse en el consenso y en la capacidad real de pago de quienes sostienen gran parte del tejido productivo del país.
