La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de España (UPTA) ha advertido del impacto económico y social que está teniendo el uso indebido de la tarifa plana de cotización al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en el sector del reparto a domicilio. Según los cálculos de la organización, este fraude superaría los 120 millones de euros anuales y estaría directamente vinculado a la figura del falso autónomo, una práctica que afecta a miles de personas trabajadoras que prestan servicio para plataformas digitales.
El Ministerio de Trabajo estima que podrían regularizarse en torno a 50.000 situaciones de falsos autónomos, una cifra que pone de manifiesto la magnitud del problema. Desde UPTA denuncian que determinadas empresas de reparto han utilizado incentivos públicos pensados para fomentar el autoempleo como una vía para reducir costes laborales, trasladando riesgos empresariales a los repartidores y eludiendo sus obligaciones como empleadores.
El fraude de la tarifa plana y su impacto en la Seguridad Social
La organización subraya que este uso indebido de la tarifa plana no responde a fallos administrativos aislados, sino a un modelo sistemático que tiene consecuencias graves. Por un lado, los trabajadores ven limitados sus derechos laborales y su acceso a una protección social adecuada; por otro, la Seguridad Social deja de ingresar recursos económicos fundamentales para la sostenibilidad del sistema.
UPTA advierte de que los más de 120 millones de euros que se pierden cada año como consecuencia de estas prácticas podrían destinarse a mejorar las prestaciones sociales del colectivo autónomo y a reforzar las pensiones, especialmente las de menor cuantía. En este contexto, la organización insiste en la necesidad de reforzar los controles para acceder a las bonificaciones públicas.
Entre las medidas que propone, UPTA plantea que la solicitud de la tarifa plana estatal vaya acompañada de documentación que acredite la existencia de una actividad económica real, planificada y viable. A su juicio, permitir el acceso a esta bonificación sin estas garantías facilita el fraude y desvirtúa el objetivo original de la ayuda.
Asimismo, la organización reclama al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que obligue a las empresas que hayan aplicado de forma indebida la tarifa plana a abonar a la Tesorería General de la Seguridad Social las diferencias de cotización correspondientes. También insta a las comunidades autónomas a exigir la devolución de ayudas complementarias, como la conocida “cuota cero”, cuando se hayan concedido sin cumplir los requisitos legales.
El presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha señalado que estas conductas no solo suponen una forma de explotación laboral, sino que también debilitan la protección social de toda la ciudadanía, por lo que defiende que las bonificaciones públicas se reserven exclusivamente para quienes realmente inician una actividad por cuenta propia y necesitan apoyo para consolidarla.
