El debate sobre la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) se ha intensificado esta semana, con dos organizaciones representativas del colectivo adoptando posiciones opuestas ante la propuesta del Ministerio de Seguridad Social. Mientras la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) reclaman que se respeten los acuerdos firmados en 2022, la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) rechaza de pleno la nueva propuesta ministerial, por considerar que perjudica especialmente a quienes menos ingresos tienen.
UPTA recuerda los acuerdos de 2022 y plantea mejoras en el RETA
UPTA ha urgido al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a cumplir “íntegramente” el pacto alcanzado en 2022, consagrado en el Real Decreto-ley 13/2022, fruto del consenso entre Gobierno, organizaciones de autónomos (entre ellas UPTA, UATAE y ATA) y representantes sociales.
La organización recalca que no busca una subida de cuotas indiscriminada, sino una actualización de las bases de cotización del RETA para avanzar hacia un sistema basado en ingresos reales.
Como alternativa, UPTA propone una senda de transición para el periodo 2026-2028 en la que los tramos con menores ingresos apenas aumentarían un 4 % anual (un 12 % acumulado), mientras que los tramos más elevados convergerían más rápido hacia la correspondencia con los ingresos reales.
Entre las mejoras adicionales que UPTA plantea para reforzar la protección del colectivo autónomo figuran:
- Reformar y flexibilizar la prestación por cese de actividad para que sea de acceso más realista.
- Mantener la cuota reducida de 80 € para nuevos autónomos, con posibilidad de extensión otro año si no superan el Salario Mínimo.
- Integrar lagunas de cotización con condiciones similares al Régimen General.
- Crear un subsidio para mayores de 52 años que queden sin prestación por cese.
- Establecer cotización superreducida para creadores de contenido en pluriactividad, con bases mínimas cuando sus ingresos sean bajos.
- Bonificaciones del 100 % en la cuota en situaciones de fuerza mayor, y flexibilización para acceder a prestaciones extraordinarias.
- Adaptar la normativa para el sector agrario y marítimo, considerando estacionalidad y efectos del cambio climático.
El presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha defendido que esta propuesta “no es un sablazo” sobre los autónomos, sino una medida para fortalecer la protección social y garantizar la sostenibilidad del sistema del RETA.
UATAE: la propuesta es regresiva y castiga a los de menores rentas
Por su lado, UATAE ha expresado su rechazo absoluto al modelo presentado por el Ministerio, al que acusa de romper con el principio de justicia contributiva. En su comunicado, advierte de que desde 2026 muchos autónomos con rentas bajas acabarían pagando más que en el sistema actual del RETA.
María José Landaburu, secretaria general de UATAE, sostiene que el plan “castiga a los tramos más bajos y beneficia a quienes más ingresan”, algo que vulnera la progresividad que debe guiar esta reforma.
La organización critica también que la prestación por cese de actividad mantenga requisitos excesivos, difíciles de cumplir para los autónomos sin empleados, que son mayoría. UATAE señala que un asalariado no necesita estar en la ruina para acceder al paro y exige condiciones similares en el RETA.
UATAE alerta de que, si no se reconduce la propuesta antes de su aprobación, la reforma podría agravar la precariedad del colectivo, en lugar de modernizarlo. Según Landaburu: “más cuotas, menos derechos y la misma desprotección”.
Un contraste evidente y un desafío de consenso pendiente
Las posturas de UPTA y UATAE evidencian un fuerte contraste. Mientras UPTA apuesta por preservar acuerdos anteriores y construir un modelo gradual, UATAE denuncia que la nueva propuesta sacrifica a los autónomos con menores ingresos y perpetúa desigualdades estructurales.
El desafío para el Ministerio es enorme: debe articular una reforma que combine viabilidad financiera del sistema con equidad social, y evitar que el colectivo autónomo se sienta doblemente penalizado. El periodo hasta 2026 será decisivo para que las partes involucradas (Gobierno, organizaciones de autónomos y interlocutores sociales) vuelvan a dialogar y cierren un modelo que genere consenso y estabilidad.
