Analizan detalladamente cómo afecta esta nueva sentencia y qué implicaciones tiene por los administradores
La responsabilidad tributaria de los administradores es un tema que ha sido objeto de controversia en el mundo empresarial y jurídico. Hasta hace poco, las administraciones tributarias podían atribuir responsabilidad subsidiaria a los administradores de las empresas por las deudas tributarias de éstas, incluyendo los casos en los que no se demostraba ninguna actuación negligente o dolosa por parte de ellos. Sin embargo, recientemente, el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que ha cambiado este escenario, estableciendo nuevas garantías para la defensa de los administradores y limitando las condiciones bajo las que pueden ser responsabilizados.
En Puigverd Assessors, analizan detalladamente cómo afecta esta nueva sentencia y qué implicaciones tiene por los administradores.
La derivación de responsabilidad tributaria
La derivación de responsabilidad tributaria se refiere al proceso mediante el cual la Administración Tributaria puede trasladar la responsabilidad por una deuda tributaria a las personas que tienen la responsabilidad de la gestión y administración de la empresa, como es el caso de los administradores. Esto puede ocurrir cuando una empresa no cumple con sus obligaciones tributarias, como el pago del IVA, el IRPF u otros impuestos. Tradicionalmente, los administradores podían ser responsabilizados de manera subsidiaria por la deuda tributaria de la empresa, independientemente de su actuación directa o indirecta en la creación de esa deuda.
La situación anterior generaba una sensación de inseguridad jurídica para los administradores, ya que, en muchas ocasiones, la derivación de responsabilidad no estaba suficientemente motivada y podía recaer de forma automática por la simple condición de administrador, sin necesidad de probar una actuación negligente.
La sentencia del Tribunal Supremo: garantías reforzadas
La sentencia del Tribunal Supremo STS 3465/2025, dictada el 17 de julio de 2025, ha establecido un cambio significativo en este ámbito. En esta resolución, el Supremo recalcó que la Administración Tributaria no puede atribuir responsabilidad subsidiaria a los administradores solo por su condición de tales. Es decir, la responsabilidad no puede ser automática; debe demostrarse que el administrador actuó de forma negligente o dolosa para que pueda ser considerado responsable de las deudas tributarias de la empresa.
Esta sentencia refuerza las garantías procesales de los administradores y les da mayor seguridad jurídica frente a una posible derivación de responsabilidad tributaria. Así, el Supremo establece una serie de condiciones a cumplir por parte de la Administración en el proceso de derivación de responsabilidad, de las que destacamos las siguientes:
- Prohibición de responsabilidad objetiva: la responsabilidad de los administradores ya no será atribuida de forma automática por la simple condición de administrador. La Administración Tributaria debe demostrar que el administrador actuó de forma dolosa o negligente en la gestión de los tributos. Esto significa que no se puede acusar a un administrador sin aportar pruebas concretas de su mala actuación.
- Motivación individualizada: en la derivación de responsabilidad tributaria, la Administración debe indicar de forma clara y específica qué actuación del administrador permitió o facilitó el incumplimiento tributario. Así, si la Administración solo se refiere al incumplimiento de las obligaciones tributarias de la empresa sin especificar la actuación concreta del administrador, el acuerdo será considerado nulo.
- Carga de la prueba: otra novedad importante es que el Supremo establece que la carga de la prueba recae sobre la Administración. Esto significa que no será el administrador quien deberá demostrar su inocencia, sino que será la Administración quien deberá probar que el administrador actuó de forma negligente o dolosa. Esta modificación aporta una mayor protección a los administradores, ya que no tendrán que defenderse de una acusación genérica, sino que se requerirá una prueba sólida por parte de la Administración.
¿Qué implicaciones tiene esta sentencia para los administradores?
La sentencia del Tribunal Supremo tiene varias implicaciones para los administradores de empresas y, de forma general, para las personas que ejercen responsabilidades ejecutivas en las compañías. Algunas de las implicaciones más relevantes son las siguientes:
- Seguridad jurídica reforzada: los administradores pueden sentirse más protegidos, puesto que su responsabilidad no será atribuida por defecto. La necesidad de una motivación específica por parte de la Administración para atribuir responsabilidad subsidiaria evita la práctica de derivar responsabilidades sin pruebas concretas de negligencia o duelo.
- Posibilidad de impugnación de los acuerdos: si un administrador recibe una notificación de derivación de responsabilidad y el acuerdo no especifica adecuadamente cuál ha sido su conducta negligente o dolosa, el administrador tendrá derecho a impugnar el acuerdo ante los tribunales. Esto abre la puerta a una defensa más sólida y permite una revisión judicial de los actos de la administración.
- Necesidad de documentación rigurosa: con esta nueva jurisprudencia, los administradores deben ser especialmente cuidadosos con la documentación relacionada con sus decisiones y gestiones. Es necesario mantener registros detallados de las actas de junta, las comunicaciones internas, las decisiones sobre el cierre de la empresa o la entrada en concurso de acreedores, así como otros documentos que puedan acreditar su diligencia y buena fe en la gestión tributaria.
- Revisión de procedimientos anteriores: los administradores de empresas que hayan sido objeto de derivación de responsabilidad tributaria en el pasado, pueden revisar sus casos a la luz de esta sentencia. Si los acuerdos de derivación no cumplían con las condiciones establecidas por el Supremo, habría posibilidad de impugnarlos y obtener una revisión de la situación.
Así pues, la sentencia STS 3465/2025 del Tribunal Supremo supone un importante avance para la protección de los administradores frente a la derivación de responsabilidad tributaria. Esta resolución refuerza las garantías procedimentales y establece que la Administración Tributaria debe demostrar, con pruebas concretas y motivadas, la conducta negligente o dolosa de los administradores antes de poder derivarles responsabilidad por deudas tributarias. Este cambio normativo aporta mayor seguridad jurídica para los administradores y abre la puerta a una defensa más sólida en casos de derivación de responsabilidad.
Los administradores deben ser conscientes de esta nueva jurisprudencia y adaptar su forma de gestionar sus responsabilidades empresariales, manteniendo una documentación detallada y actuando con la máxima diligencia posible para evitar cualquier responsabilidad personal. Si se encuentra en una situación de derivación de responsabilidad tributaria, es recomendable consultar con un abogado especializado en derecho tributario para conocer las mejores opciones de defensa.
Para más información y asesoramiento personalizado sobre cómo esta sentencia puede afectar las distintas situaciones, Puigverd Assessors, con todos sus expertos en gestión fiscal y tributaria, se pone a disposición para poder asesorar.
