En 2024 se registraron 199.094 denuncias por violencia de género en España, siendo Andalucía y la Comunidad Valenciana las regiones con mayor número de casos
El próximo 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En este contexto, el Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de la Fundación Adecco, en colaboración con 18 empresas colaboradoras, presenta la 13ª edición del informe Violencia de género y empleo.
El objetivo de este informe es sensibilizar y reconocer la importancia del empleo como factor clave para la recuperación y normalización de la vida de las mujeres víctimas de violencia de género, impulsando la puesta en marcha de iniciativas que aceleren su inclusión laboral.
En esta edición, el análisis se ha elaborado a partir de una encuesta realizada a 490 mujeres que están superando un proceso de violencia de género. De ellas, el 53% busca trabajo como un paso imprescindible hacia su independencia y recuperación, mientras que el 47% ya ha accedido a un empleo.
En España se interponen 544 denuncias diarias por violencia de género
199.094 denuncias anuales: un punto de consolidación tras años de incremento
En 2024, las denuncias por violencia de género en España se situaron en 199.094, una cifra muy similar a la del año anterior (199.282) y que equivale a una media de 544 denuncias diarias. Esta estabilidad, tras varios ejercicios de crecimiento sostenido, marca una fase de consolidación en la visibilización y denuncia de la violencia de género.
Desde el punto de inflexión que supuso la pandemia, cuando las denuncias descendieron drásticamente por las dificultades de acceso a la ayuda, los datos han mostrado un repunte continuado hasta alcanzar una meseta alta, en torno a las 200.000 denuncias anuales. Este comportamiento refleja tanto la persistencia del problema como el progreso social e institucional en la detección y denuncia de los casos.
En efecto, el leve descenso registrado en 2024 (-0,1%) no representa un retroceso significativo, sino que más bien sugiere una estabilización del sistema de respuesta. Las cifras muestran que la confianza de las mujeres en los mecanismos de protección y justicia se mantiene firme, en un entorno cada vez más preparado para acompañarlas en su proceso de denuncia y recuperación. En esta evolución han influido de forma positiva la creciente sensibilización social -favorecida por la amplia difusión mediática y las campañas de concienciación-, así como el refuerzo de los recursos institucionales: atención psicológica, asesoría jurídica y canales de denuncia más accesibles.
Según Begoña Bravo, directora de Inclusión de la Fundación Adecco: «Si bien la estabilidad en el número de denuncias puede interpretarse como una consolidación del entorno de confianza y visibilización alcanzado en los últimos años, también plantea interrogantes sobre las posibles barreras que siguen frenando a las mujeres a la hora de pedir ayuda. De este modo, y aunque en el descenso de denuncias podrían influir factores coyunturales como una menor actividad judicial, también podrían subyacer causas más estructurales, como el miedo, la dependencia económica o la desconfianza en el sistema de protección. En este contexto, el empleo sigue siendo el recurso por excelencia para que las mujeres recuperen su seguridad, autonomía y capacidad para pedir ayuda, al proporcionarles independencia económica y una red social que refuerza su confianza y proyecto de vida».
Navarra, Comunidad de Madrid, Castilla-La-Mancha, País Vasco y Cataluña: las únicas regiones donde crecen las denuncias
Por comunidades autónomas, Andalucía concentra el mayor número de denuncias por violencia de género, con 40.168 casos (20,2%), seguida de la Comunidad de Madrid (16,1%), la Comunidad Valenciana (13,9%) y Cataluña (12,8%).
Aunque en gran parte de las regiones se repite el patrón nacional de descenso, existen algunas excepciones significativas. Navarra (+26,4%), la Comunidad de Madrid (+6,5%), Castilla-La Mancha (+2,9%), País Vasco (+2,5%) y Cataluña (+2,1%) registran incrementos en el número de denuncias respecto al año anterior.
Estas subidas podrían estar relacionadas con una mayor sensibilización y confianza institucional, así como con el efecto de concentración urbana, que ofrece más canales de denuncia y servicios especializados.
Por otra parte, en regiones como Extremadura (-20%) o Murcia (-9.5%) la caída en el número de denuncias es bastante más acusada que la registrado a nivel nacional (-0,1%). Estos descensos podrían deberse a factores coyunturales, tras picos de crecimiento excepcionales en años anteriores que posteriormente han tendido a estabilizarse. Sea como fuere, hay que interpretar estos descensos con cautela, ya que una menor cifra de denuncias no implica necesariamente menos violencia, sino que puede reflejar una menor confianza de las víctimas para denunciar, especialmente en entornos rurales, donde existen menos recursos y apoyos accesible.
34.684 mujeres y 1.758 menores, víctimas de violencia de género en España
Según datos del INE, actualmente se contabilizan 34.684 mujeres víctimas de violencia de género con orden de protección o medida cautelar. Si bien esta cifra refleja un primer descenso tras un incremento continuado desde 2019, sigue siendo un 9% superior a la registrada en ese año, lo que evidencia que la violencia de género continúa siendo una realidad de gran magnitud y persistencia en la sociedad.
Es reseñable que casi la mitad (47,7%) de las víctimas en 2024 tenía entre 30 y 44 años, una franja de plena actividad laboral y con frecuencia asociada a responsabilidades familiares.
Asimismo, en 2024 se registraron 1758 menores (hijos, en guarda o custodia o que conviven) víctimas de violencia de género correspondientes a los asuntos en los que se habían dictado medidas cautelares u órdenes de protección.
«Esta cifra, más allá de su peso estadístico, revela una realidad especialmente grave: la violencia no solo afecta a las mujeres, sino que también puede alcanzar a sus hijos e hijas, que quedan expuestos a un entorno de daño y desestabilización emocional. Esta situación puede afectar la construcción de su autoestima, dificultar el desarrollo de habilidades sociales básicas y comprometer su bienestar psicológico, además de interferir en su rendimiento académico y aumentar el riesgo de abandono escolar. Apostar por el empleo de las mujeres víctimas significa, por tanto, proteger también a los menores y contribuir a que puedan lograr una inclusión plena, tanto social como laboral, en su vida adulta», explica Begoña Bravo, directora de Inclusión de la Fundación Adecco.
Sin empleo aumenta la vulnerabilidad de las mujeres víctimas
Resulta complejo establecer una relación causal directa entre la situación laboral y la protección frente a la violencia de género. Conviene insistir en que la responsabilidad en estos casos recae exclusivamente en la persona agresora, nunca en la víctima ni en sus circunstancias personales. No obstante, los datos reflejan que el desempleo actúa como un factor de vulnerabilidad añadida, que limita la capacidad de las mujeres para romper con el ciclo de la violencia.
Así, el 67,8% de las mujeres encuestadas no tenía trabajo en el momento en que comenzaron las agresiones, lo que sugiere que la falta de independencia económica, de recursos propios y de autoestima puede dificultar la detección temprana, la denuncia y la posibilidad de romper con el ciclo de la violencia.
Esta vulnerabilidad se manifiesta en el plano emocional: nueve de cada diez mujeres (91%) afirma que, en ausencia de un empleo, se sienten más dependientes y aisladas. La falta de trabajo dificulta su salida de entornos de violencia, agravando su sensación de inseguridad y exclusión social. Por el contrario, el empleo actúa como un factor clave de protección y fortalecimiento personal, permitiendo que muchas mujeres rompan el círculo de violencia.
Por el contrario, el empleo se convierte en un elemento de protección y resiliencia. Tener una ocupación no garantiza la erradicación de la violencia, pero sí contribuye significativamente a reducir su impacto y a prevenir su repetición. Las mujeres que han logrado acceder a un puesto de trabajo destacan el cambio que supone esta nueva etapa: el 72% considera que trabajar reduce la probabilidad de volver a sufrir una situación de violencia, al proporcionarles autoestima (87,5%), estabilidad económica (84,2%) y una red de contactos más amplia (69,1%).
«El trabajo no constituye una barrera infranqueable frente a la violencia de género: por sí solo no garantiza la erradicación del problema, pero sí actúa como un potente factor de prevención y resiliencia, al fortalecer la autonomía económica, la autoestima y las redes de apoyo que ayudan a las mujeres a mantenerse fuera del círculo de la violencia», concluye Begoña Bravo, directora de Inclusión de la Fundación Adecco.
El impacto de la dependencia económica sobre las mujeres víctimas
La dependencia económica sigue siendo uno de los principales factores que condicionan la capacidad de las mujeres víctimas de violencia de género para romper con la situación que atraviesan. Aunque la violencia se origina siempre en la conducta de la persona agresora, y no en las circunstancias personales o laborales de la víctima, la falta de ingresos propios y de autonomía financiera puede agravar significativamente su vulnerabilidad y dificultar los procesos de salida y recuperación.
El desempleo constituye, en este sentido, un elemento de especial riesgo. Cuando una mujer carece de medios propios, la persona agresora puede utilizar el control del dinero como herramienta de sometimiento, restringiendo su autonomía y reforzando el vínculo de poder desigual.
En este sentido, un 68,4% de las mujeres víctimas en desempleo afirma haber sufrido amenazas o presiones económicas directamente relacionadas con su falta de ingresos. Estas formas de violencia económica adoptan diversas manifestaciones: la retención o el racionamiento del dinero destinado a gastos básicos, las amenazas de no asumir los gastos de los hijos e hijas si no se cumplen determinadas exigencias, o el boicot activo a la búsqueda de empleo, mediante acciones como apagar el teléfono móvil, ocultar documentación o impedir que la mujer asista a entrevistas o cursos de formación.
«Cuando una mujer víctima de violencia de género depende económicamente de su pareja, esta puede utilizar esa dependencia para ejercer un mayor control y sometimiento. Por ello, el empleo no es solo una fuente de ingresos: es una vía para recuperar la dignidad y el control sobre sus vidas. Acompañarlas en ese proceso, con orientación y apoyo individualizado, es esencial para que puedan romper definitivamente el ciclo de la violencia», destaca Begoña Bravo, directora de Inclusión de la Fundación Adecco.
La cronificación del desempleo entre las mujeres víctimas de violencia de género
A pesar de que el empleo se consolida como uno de los principales motores de recuperación y normalización de la vida de las mujeres víctimas de violencia de género, las barreras para acceder al mismo son dobles y persistentes. Esta realidad se refleja en la cronificación del desempleo: casi la mitad de las mujeres víctimas que buscan trabajo (49%) lleva más de un año intentándolo sin éxito, un dato que evidencia las grandes dificultades que afrontan para acceder al mercado laboral.
Como referencia orientativa, el 35% de las mujeres desempleadas en la población general, según el INE, supera también el año sin trabajo; si bien los datos no son directamente comparables -por el distinto tamaño y naturaleza de las muestras-, sirven para dimensionar la magnitud del reto que afrontan las víctimas de violencia de género en su acceso al empleo.
¿Y cuáles son los principales frenos para acceder al mercado laboral? Entre los principales destacan el desconocimiento a la hora de plantear la búsqueda de empleo (65,3%), la baja autoestima (64,2%), las responsabilidades de cuidado no compartidas (51,7%), el miedo a ser localizada por la persona agresora en el puesto de trabajo (46,4%) o las limitaciones en el acceso a recursos digitales, derivadas tanto de la falta de medios tecnológicos como del control ejercido por la persona agresora sobre el correo electrónico y otros canales de comunicación (35%). Estas barreras, en muchos casos interconectadas, no solo limitan sus oportunidades laborales, sino que profundizan el sentimiento de aislamiento y dependencia.
«Las mujeres víctimas no solo deben hacer frente a las dificultades estructurales del mercado de trabajo -como la brecha de género-, sino también a obstáculos emocionales, sociales y de seguridad personal derivados directamente de su situación. Esta doble vulnerabilidad dificulta la reconstrucción de sus proyectos vitales y laborales, perpetuando el desempleo y el círculo de exclusión. Favorecer su inclusión laboral con itinerarios personalizados resulta esencial para romper ese círculo de aislamiento y devolverles autonomía, autoestima y estabilidad», destaca Begoña Bravo.
Miedo, estigma y prejuicios en el acceso al empleo
Cuando consiguen acceder a un proceso de selección, muchas de las mujeres que han sufrido violencia de género arrastran inseguridades y temores derivados de su experiencia previa. Estas emociones pueden influir en su autopercepción y en la manera en que se presentan ante un posible empleador.
De hecho, tres de cada cuatro mujeres (75%) prefiere no revelar su situación de violencia de género durante las entrevistas de trabajo, por miedo a que esta información afecte negativamente a su candidatura. Detrás de esta decisión subyace el temor a los prejuicios todavía presentes en la sociedad, y en el mercado laboral, que asocian a las mujeres víctimas con personalidades frágiles, dependientes o conflictivas.
La consecuencia de estos prejuicios es un proceso de búsqueda de empleo en el que predominan la cautela y la autocensura. Algunas mujeres optan por ocultar los periodos de inactividad en sus currículos o justificar los vacíos laborales con otros motivos, para evitar preguntas incómodas o actitudes discriminatorias. Este miedo a ser identificadas como «víctimas» limita la posibilidad de acceder a apoyos específicos y refuerza la sensación de aislamiento.
«En la Fundación Adecco observamos que las mujeres víctimas suelen ser plenamente conscientes de que el empleo es el gran recurso para salir adelante: la herramienta que les aporta autoestima, independencia económica y una red social de apoyo. Esa conciencia se traduce en una extraordinaria fidelidad, compromiso y motivación hacia los proyectos empresariales a los que se vinculan, un valor añadido que debemos reconocer y visibilizar», subraya Begoña Bravo.
Asimismo, Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, añade que: «La inclusión laboral de las mujeres víctimas exige un compromiso activo del tejido empresarial y de las administraciones públicas. Es fundamental erradicar los prejuicios que aún las estigmatizan y garantizar entornos laborales inclusivos, donde puedan desarrollar su potencial profesional en condiciones de igualdad y seguridad».
#EmpleoParaTodas: un programa para mujeres en situación de vulnerabilidad
La Fundación Adecco desarrolla el programa #EmpleoParaTodas, una iniciativa dirigida a impulsar la inclusión laboral de mujeres en situación de vulnerabilidad, entre ellas, las mujeres víctimas de la violencia de género.
Solo en el último año, el programa ha acompañado a 1228 mujeres en su proceso de inclusión laboral, a través de un itinerario de empleo personalizado y transversal que incluye acogida, acompañamiento emocional, orientación laboral, formación para el empleo e intermediación con empresas de todos los sectores de actividad.
