Casi uno de cada cinco catalanes tiene más de 65 años y muchos no descargan apps ni consultan las webs municipales. Bleta ha desarrollado Connecta en Gran para que los avisos del ayuntamiento lleguen también a ellos. La Associació Catalana de Municipis la recomienda entre sus asociados, y once consistorios ya la usan
La accesibilidad digital ya no es una cuestión meramente técnica. Los informes nacionales de monitorización correspondientes al periodo 2022-2024, remitidos por los Estados miembros a la Comisión Europea en aplicación de la Directiva (UE) 2016/2102, muestran que en varios países más del 90% de los sitios web públicos evaluados presenta al menos un error detectable o incumplimiento respecto a los criterios técnicos exigidos.
Estos controles se realizan conforme a la norma armonizada EN 301 549, que incorpora las pautas WCAG 2.1 del World Wide Web Consortium (W3C). La Comisión Europea publica los informes de seguimiento en su portal oficial de estrategia digital, mientras que el texto legal de la directiva puede consultarse en el Diario Oficial de la Unión Europea a través de EUR-Lex.
Aunque la Directiva 2016/2102 afecta principalmente al sector público, el marco regulatorio se amplía con la Directiva (UE) 2019/882, conocida como European Accessibility Act, que introduce requisitos para determinados productos y servicios digitales privados, incluidos banca electrónica, comercio online, telecomunicaciones y transporte. En España, la Ley 11/2023 transpone esta normativa e incorpora mecanismos de supervisión y régimen sancionador.
Existen precedentes de aplicación normativa. En Austria, el regulador KommAustria sancionó a la radiotelevisión pública ORF por incumplimientos en obligaciones de accesibilidad audiovisual previstas en la normativa nacional. En Alemania, la Ley Federal de Igualdad de las Personas con Discapacidad ha dado lugar a procedimientos formales relacionados con deficiencias en accesibilidad web de organismos públicos.
El impacto regulatorio se produce en un contexto demográfico sensible. Según la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los Hogares. Año 2024, publicada el 14 de noviembre de 2024 por el Instituto Nacional de Estadística, el 95,8% de la población de 16 a 74 años utilizó internet en los últimos tres meses. Sin embargo, las series por edad del propio INE muestran un descenso progresivo del uso a partir de los 65 años, evidenciando una brecha digital estructural en los grupos de mayor edad.
Desde Bleta, startup catalana especializada en tecnología accesible para personas mayores, subrayan que el cumplimiento formal no garantiza usabilidad real. «Los informes oficiales muestran que los niveles de incumplimiento siguen siendo elevados. Con la ampliación normativa al sector privado, las organizaciones deben revisar arquitectura, procesos y lenguaje si quieren reducir su exposición regulatoria», afirma Isabel García, CEO de la compañía.
En el ámbito municipal, el sistema Connecta en Gran, impulsado por Bleta, está implantado en trece ayuntamientos españoles, entre ellos Cassà de la Selva, Begues, Vidreres y Cabrera de Mar, con el objetivo de simplificar el acceso a trámites digitales para personas mayores y reducir incidencias administrativas.
Para Gerard Pinar, COO de Bleta, la clave está en la experiencia efectiva de uso. «Una auditoría puede confirmar requisitos técnicos, pero si el ciudadano no consigue completar el trámite, el impacto se traduce en reclamaciones, costes y pérdida de confianza», señala.
En 2026, la accesibilidad digital se consolida como un elemento estructural de cumplimiento normativo y gestión de riesgos para administraciones y empresas.
