El acceso y conexión a la red eléctrica y las nuevas exigencias de sostenibilidad pueden convertirse en factores decisivos para determinar la viabilidad de los centros de datos. Los proyectos que ya cuentan con permisos, pero todavía no están conectados a la red, también podrían tener que acreditar el cumplimiento de las nuevas exigencias, según afirman desde GTA Villamagna
España afronta un nuevo escenario para la inversión en centros de datos. La disponibilidad real de capacidad eléctrica, las condiciones de acceso y conexión a la red y el coste de las infraestructuras necesarias para hacer efectiva esa conexión se han convertido en factores decisivos para determinar la viabilidad de nuevas inversiones.
A este escenario se suma el proyecto de real decreto sometido a audiencia pública por el Gobierno, actualmente en fase de tramitación, que plantea condicionar el otorgamiento y mantenimiento de los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica al cumplimiento de determinados requisitos de sostenibilidad energética e hídrica y de soberanía digital.
Entre otras medidas, la propuesta establece que los centros de datos incluidos en su ámbito, aquellos cuya potencia de acceso sea igual o superior a 1 MW, deberán respaldar, hora a hora, al menos el 80% de su consumo eléctrico con nueva generación renovable, hasta que la generación renovable supere el 90% del mix eléctrico. También incorpora nuevas exigencias en materia de eficiencia energética e hídrica.
El impacto de estas medidas dependerá tanto de las características de cada instalación como de la situación en la que se encuentre el proyecto. Para aquellos que todavía no hayan obtenido los permisos de acceso y conexión, las nuevas exigencias deberán incorporarse al diseño y a la evaluación económica de la inversión. Para los proyectos que ya disponen de permisos y han comprometido inversiones, pero todavía no se han conectado, el escenario puede resultar más complejo.
Según Javier García, socio de GTA Villamagna, «la proximidad a una subestación o la capacidad publicada para un nudo no deben confundirse con la obtención de los permisos de acceso y de conexión para la potencia que necesita el centro. El principal riesgo jurídico es comprometer la adquisición del suelo, la construcción o la financiación antes de obtener los permisos necesarios o sin haber comprobado las condiciones para hacer efectiva la conexión».
La capacidad eléctrica, un factor decisivo desde la elección del emplazamiento
La disponibilidad de capacidad eléctrica condiciona el proyecto desde sus primeras fases. Un terreno puede reunir las condiciones urbanísticas y medioambientales necesarias y, sin embargo, no disponer de suficiente capacidad de demanda en el punto de conexión previsto o depender de refuerzos de la red cuyo coste comprometa su viabilidad económica.
Incluso cuando los permisos ya se han concedido, resulta necesario analizar sus condiciones, los plazos para mantenerlos y las obras de red pendientes. El coste de las infraestructuras necesarias para materializar la conexión puede modificar de forma significativa la rentabilidad inicialmente prevista.
A ello se suma el impacto potencial de las nuevas exigencias energéticas. Los centros de datos funcionan de forma continua, mientras que la producción solar y eólica es variable. Para acreditar una cobertura renovable hora a hora podrían resultar necesarias distintas tecnologías de generación, una mayor capacidad contratada o sistemas de almacenamiento, soluciones que pueden elevar el coste del suministro y afectar a la viabilidad económica de determinados proyectos.
Agua, urbanismo y medio ambiente: factores clave para la viabilidad de los proyectos
Más allá de la disponibilidad eléctrica, la viabilidad de un centro de datos depende también de factores hídricos, urbanísticos y ambientales que pueden condicionar tanto su ubicación como su desarrollo. En materia de agua, es fundamental comprobar su disponibilidad y las condiciones legales para utilizarla, ya sea a través de la red municipal o mediante captaciones directas, así como cumplir con los requisitos relativos a los vertidos. A ello se suman las nuevas exigencias de eficiencia energética e hídrica que plantea el proyecto de real decreto.
Desde GTA Villamagna señalan que, antes de comprometer una inversión, resulta necesario verificar que el planeamiento urbanístico permite implantar la instalación, obtener las licencias municipales y autorizaciones ambientales correspondientes y asegurar los derechos sobre todos los terrenos necesarios para su ejecución, incluidos los destinados a accesos e infraestructuras de conexión. La falta de cualquiera de estos requisitos puede comprometer la viabilidad del proyecto o retrasar significativamente su puesta en marcha.
Los proyectos ya en marcha, ante un nuevo escenario
La propuesta normativa también puede afectar a proyectos que se encuentran actualmente en desarrollo. Las solicitudes de permisos de acceso y conexión que continúen pendientes cuando entre en vigor la norma quedarían sujetas a los nuevos requisitos. Según el texto sometido a audiencia pública, sus promotores dispondrían de tres meses para acreditarlos.
La situación es especialmente relevante para los proyectos que ya hayan obtenido los permisos, pero todavía no estén conectados a la red. El proyecto prevé un plazo de seis meses para acreditar el cumplimiento de los nuevos requisitos. De no hacerlo, los permisos caducarían y se ejecutarían las garantías depositadas, aunque el texto contempla la posibilidad de renunciar a los permisos dentro de ese mismo plazo sin ejecución de las garantías.
Este régimen puede obligar a promotores que ya hayan comprometido inversiones a valorar la adaptación del proyecto y sus consecuencias sobre los contratos, los calendarios y la rentabilidad prevista. En todo caso, estas condiciones dependerán del contenido definitivo de una norma que todavía se encuentra en tramitación.
Una revisión legal más exigente para los inversores
En este contexto, la revisión jurídica previa a desarrollar, financiar o adquirir un centro de datos adquiere una especial relevancia. Por ello, en la revisión legal se deberá comprobar la potencia y las condiciones de los permisos de acceso y conexión, las obras necesarias para hacer efectiva la conexión y su coste, la compatibilidad urbanística, los títulos ambientales y municipales, los derechos sobre los terrenos y la disponibilidad jurídica del agua.
También será necesario determinar en qué situación se encuentra el proyecto respecto a la nueva regulación y analizar si su diseño y sus contratos de suministro permitirán acreditar las exigencias previstas y cuál sería el coste de una eventual adaptación.
«La regulación puede contribuir a ordenar el sector y favorecer los proyectos más sólidos, pero su eficacia dependerá de que ofrezca seguridad jurídica y no introduzca barreras que terminen desplazando inversiones viables hacia otros países de la Unión Europea», señala el socio de GTA Villamagna.
