El 49 % de los españoles elige el coche para desplazarse en sus vacaciones
A pesar del encarecimiento de los combustibles y la creciente conciencia medioambiental, un 49 % de los españoles opta por su vehículo privado para desplazarse estas vacaciones. A esta cifra se suma un 12 % adicional que alquilará un coche, lo que confirma la hegemonía del automóvil como opción de transporte estival. En contraste, el 44 % viajará en avión y solo un 15 % lo hará en tren.
Esta elección se enmarca en un contexto en el que el 78 % de la población ha manifestado su intención de viajar este verano, y dos de cada tres personas lo hará dentro del territorio nacional, principalmente hacia destinos de playa, seguidos por el turismo rural y las escapadas urbanas.
Un parque móvil envejecido y con baja tecnología
España cuenta con un parque automovilístico envejecido. Actualmente, hay más de 38 millones de vehículos registrados, con una media de 13,5 años de antigüedad, según datos del Ministerio del Interior. Esta realidad implica que muchos coches aún carecen de sistemas ADAS (tecnologías avanzadas de asistencia a la conducción) como el frenado automático de emergencia, el sistema de mantenimiento de carril o los avisadores de fatiga. «Cada verano se repite el mismo patrón: millones de desplazamientos en coches antiguos, sin sistemas de protección avanzados, que circulan por carreteras secundarias mal mantenidas», asegura Roberto Impero, experto internacional en seguridad vial pasiva y CEO de SMA Road Safety.
Carreteras secundarias, el verdadero punto débil
En España, el 87 % de la red viaria corresponde a carreteras convencionales, bajo la gestión de diputaciones y comunidades autónomas. Son precisamente estas vías las que registran el 70 % de los fallecidos en carretera, según la Dirección General de Tráfico. La falta de mantenimiento, ausencia de protecciones adecuadas en obstáculos fijos y deficiencias en la señalización convierten muchos tramos en puntos negros permanentes. «Hay cientos de kilómetros de vías con guardarraíles deformados, sin terminales de seguridad, árboles sin proteger junto al arcén y elementos de impacto directo como postes y muros sin amortiguadores. Ningún sistema de seguridad vial debería permitir esta situación», comenta Impero.
Invertir en seguridad pasiva: una obligación legal y económica
La seguridad vial no solo es una cuestión ética. La siniestralidad genera un coste enorme para el Estado. Según estimaciones de la Comisión Europea, cada fallecimiento en carretera cuesta 1,8 millones de euros en términos sociales y económicos. Frente a esto, la instalación de medidas de seguridad pasiva (como terminales de guardarraíl o atenuadores de impacto) supone una inversión mínima con un alto retorno en vidas salvadas y costes evitados.
En 2023, el coste de la accidentalidad vial en España superó los 11.000 millones de euros, un 0,8 % del PIB nacional. La aplicación real del programa europeo Visión Zero, que aspira a cero víctimas mortales en carretera para 2050, requiere una actuación decidida y urgente.
