El Consejo de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Castilla-La Mancha ha participado en el desarrollo del decreto que regula las Entidades Colaboradoras de la Administración y destaca que la nueva figura permitirá prestar apoyo técnico especializado a las entidades locales, especialmente a las de menor tamaño, sin sustituir las competencias ni el principio de autoridad de la Administración pública
El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado este viernes el Decreto 43/2026, de 28 de julio, por el que se regula el régimen jurídico de las Entidades Colaboradoras de la Administración de Castilla-La Mancha, una norma en cuya elaboración ha participado el Consejo de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Castilla-La Mancha (COSITAL Castilla-La Mancha) mediante la aportación de observaciones y propuestas técnicas. El decreto desarrolla la figura de las entidades colaboradoras prevista en la Ley 4/2025 de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa y establece el marco jurídico para su actuación en ámbitos como el urbanismo, la gestión forestal, la evaluación ambiental, la economía circular, el patrimonio cultural, los servicios sociales o el turismo, entre otros.
Para COSITAL Castilla-La Mancha, la principal aportación de esta regulación reside en que permitirá reforzar la capacidad técnica de las administraciones públicas, especialmente en el medio rural, mediante fórmulas de colaboración con entidades especializadas que contribuirán a agilizar procedimientos y a mejorar la calidad técnica de los expedientes, siempre bajo la supervisión de la Administración.
El presidente de COSITAL Castilla-La Mancha, Rafael Santiago, explica que «se trata de un régimen de colaboración público-privada en el que entidades especializadas podrán colaborar con las administraciones públicas para aportar apoyo técnico y ayudar a alcanzar las mejores soluciones posibles, especialmente en el medio rural, donde los ayuntamientos cuentan con menos medios».
Un apoyo técnico, no una sustitución de la Administración
El Consejo considera especialmente relevante aclarar el alcance de esta nueva figura, puesto que el decreto establece expresamente que las entidades colaboradoras desarrollarán funciones de informe, certificación, verificación documental y asistencia técnica, pero en ningún caso ejercerán potestades públicas ni sustituirán las competencias propias de la Administración, que mantendrá íntegramente sus funciones de control, supervisión y resolución de los procedimientos.
En este sentido, Rafael Santiago subraya que «esto no supone en ningún caso una dejación del principio de autoridad por parte de la Administración. Son entidades llamadas a colaborar con nosotros, no a sustituirnos». El presidente de COSITAL Castilla-La Mancha destaca que esta colaboración permitirá a muchos municipios acceder a recursos técnicos altamente especializados en materias especialmente complejas, una circunstancia de especial importancia para las entidades locales de menor tamaño, que con frecuencia disponen de estructuras administrativas muy reducidas.
Más herramientas para prestar un mejor servicio
La primera de las áreas reguladas por el nuevo decreto es el urbanismo, aunque la norma también contempla la actuación de entidades colaboradoras en gestión forestal, calidad ambiental, economía circular, actividad cinegética, patrimonio cultural, servicios sociales, promoción empresarial, turismo, comercio, artesanía y agricultura, entre otras materias.
Para COSITAL Castilla-La Mancha, este nuevo marco jurídico constituye una oportunidad para fortalecer la capacidad de gestión de las entidades locales, especialmente de las más pequeñas, facilitando el acceso a apoyo técnico especializado sin menoscabar las competencias que corresponden a los ayuntamientos y al resto de administraciones públicas.
«Todo aquello que permita reforzar la capacidad técnica de nuestros ayuntamientos es bienvenido. Lo importante es que los municipios dispongan de más herramientas para prestar un mejor servicio a la ciudadanía, manteniendo siempre las garantías, el control administrativo y la seguridad jurídica», concluye Rafael Santiago.
