No, el próximo iPhone no tendrá tapa trasera. Tampoco el Samsung Galaxy. La normativa europea sobre baterías ha sido recibida como el regreso definitivo del «como en los Nokia de toda la vida», pero la realidad técnica y regulatoria es muy distinta. Acaban de publicar la letra pequeña de la ley, y lo que dice cambia el panorama: la mayoría de los móviles seguirán siendo herméticos, el terremoto llegará a la gama media, y el mercado de repuestos vivirá su mayor transformación
La fecha ya está marcada en rojo en la agenda de Apple, Samsung, Xiaomi y del resto de gigantes del sector: 18 de febrero de 2027. Ese día entrará en vigor el artículo 11 del Reglamento (UE) 2023/1542, la norma que, según muchos titulares recientes, obligará a que las baterías de todos los móviles sean extraíbles y reemplazables por el propio usuario. Sobre el papel, el regreso de las baterías extraíbles, como en los viejos tiempos de aquellos Nokia indestructibles. En la práctica, la historia es algo más compleja, y lo publicado por la Comisión Europea en las últimas semanas está haciendo que muchos en el sector de la reparación se replanteen hasta qué punto esta normativa cambiará realmente el diseño de los teléfonos.
Qué dice exactamente la ley (y qué no dice)
El Reglamento establece un marco ambicioso: las baterías incorporadas a cualquier dispositivo deberán ser «fácilmente extraíbles y sustituibles por los usuarios finales en cualquier momento durante la vida útil del producto». El texto prohíbe tornillos propietarios, pegamentos que requieran calor o disolventes, y software que bloquee el reconocimiento de una batería nueva. Si el fabricante necesita una herramienta específica, está obligado a suministrarla gratis junto con el móvil o con la batería de repuesto.
El espíritu de la norma es claro: combatir la obsolescencia programada y devolver al consumidor la capacidad de reparar su móvil. El problema llega al leer la letra pequeña.
Los dos requisitos mágicos que blindan a los flagships
A mediados de abril, la Comisión Europea publicó la Comunicación C/2025/214, que desarrolla cómo debe aplicarse el artículo 11. Y ahí aparece una excepción que lo cambia todo: si un fabricante demuestra que su batería conserva al menos el 80% de su capacidad tras 1.000 ciclos de carga (o el 83% tras 500 ciclos) y el teléfono cuenta con certificación de protección IP, queda exento de la obligación de hacer la batería extraíble por el usuario.
¿Coincidencia que Apple duplicara en el iPhone 15, justo en 2023, los ciclos oficiales de sus baterías, pasando de 500 a 1.000? No lo es. «Los fabricantes llevan años preparando el terreno para esta excepción», explica Pablo, director técnico de iLevante, distribuidor especializado en repuestos para teléfonos móviles con presencia en España, Portugal y Francia. «Hoy está claro que el iPhone 15, el iPhone 16 Pro e incluso el recién llegado iPhone 17 Pro Max cumplirán con la excepción sin necesidad de rediseñar nada». Samsung va por el mismo camino con los Galaxy S24 y S25, y es previsible que el Galaxy S26 llegue al mercado con cifras idénticas.
El problema técnico que casi nadie está contando: la disipación
Aquí es donde la conversación se vuelve verdaderamente interesante. Los smartphones modernos no pegan las baterías al chasis por capricho: lo hacen porque el adhesivo estructural —habitualmente cintas tipo tesa stretch release— actúa como puente térmico entre la celda y la carcasa metálica, permitiendo que el calor generado durante la carga rápida se disipe hacia el exterior.
«En un Samsung Galaxy S23 Ultra, la batería está en contacto directo con un disipador de grafito que a su vez toca el marco de aluminio», detalla Pablo desde iLevante. «Si esa batería pasa a ser un módulo extraíble encapsulado en su propia carcasa, pierdes gran parte de esa cadena de disipación. Menos disipación significa más temperatura, y más temperatura significa que esa misma batería que la UE quiere hacer durar 1.000 ciclos va a degradarse antes. Es, paradójicamente, lo contrario de lo que busca la normativa».
A esto se suma un segundo problema rara vez mencionado: la bobina de carga inalámbrica. En la mayoría de móviles actuales —del iPhone 16 Pro al Xiaomi 14, pasando por toda la gama Galaxy— la bobina Qi va situada justo encima de la batería. Rediseñar ese sandwich para que la batería salga sin dañar la bobina, sin comprometer la disipación y sin perder grosor es un rompecabezas que explica por qué los fabricantes prefieren agarrarse a la excepción.
La gama media y baja, la gran damnificada
Si los flagships tienen vía de escape, ¿quién va a asumir el verdadero cambio? Los móviles de gama media y baja. Alcanzar los 1.000 ciclos no es gratis: requiere celdas de mayor calidad, mejor gestión térmica y procesos de sellado más caros. Los analistas estiman un sobrecoste de 20 a 40 euros por dispositivo, lo que en un terminal de 200 euros se come prácticamente todo el margen del fabricante.
El Xiaomi Redmi Note 15 Pro tendrá que tomar una decisión incómoda: o rediseña la arquitectura interna asumiendo una posible pérdida de la certificación IP y un incremento de grosor, o invierte en celdas premium para acogerse a la excepción, encareciendo el precio final. «En la gama baja veremos cosas que parecían olvidadas, como tapas traseras con clip», anticipa Pablo. «Los usuarios que hoy compran un Redmi Note o un Galaxy A55 tendrán dispositivos más reparables, sí, pero probablemente más voluminosos y con menos resistencia al agua» continúa.
Siete años de repuestos garantizados por ley
Más allá del titular de la batería extraíble, el Reglamento 2023/1542 y el complementario 2023/1670 de ecodiseño introducen otra obligación capital: los fabricantes deberán garantizar la disponibilidad de baterías de repuesto y otras piezas críticas durante al menos siete años después de que el modelo deje de comercializarse, con entrega en cinco a diez días laborables y a un precio «razonable y no discriminatorio».
«Hoy, conseguir una batería o una pantalla original para un modelo descatalogado hace tres años puede ser una odisea, y a veces directamente imposible», reconocen desde iLevante, donde atienden cada mes miles de consultas y pedidos desde los tres mercados en los que operan. «A partir de 2027, un cliente que venga a pedir una pantalla OLED para un iPhone 13 o una batería para un Galaxy A56 debería encontrar el repuesto disponible por ley. Eso cambia por completo la planificación logística del sector y beneficia al consumidor final».
Qué hacer mientras tanto
La normativa no es retroactiva. Los móviles que ya están en el mercado seguirán rigiéndose por las reglas actuales. Si el teléfono iPhone 13 empieza a descargarse a mediodía, o si la pantalla del Galaxy S25 Ultra muestra una línea verde tras una actualización, la solución sigue siendo la misma que hoy: acudir a un repuesto de calidad para alargar la vida del dispositivo. Una pantalla OLED original o una batería con celdas de grado A pueden dar al usuario dos o tres años más de uso cómodo, que es exactamente lo que la propia Unión Europea está tratando de fomentar: alargar la vida útil real de los dispositivos, independientemente de que la batería se cambie en casa con un destornillador o en un taller especializado.
La gran pregunta que queda abierta es «¿llegado febrero de 2027, veremos realmente algún flagship con tapa extraíble o todos los grandes fabricantes se refugiarán tras la excepción técnica?», comentan en iLevante. Las apuestas, hoy por hoy, van en la segunda dirección.
