El encarecimiento de la energía y de materias primas -como acero, aluminio o cemento- puede comprometer proyectos a precio cerrado y abrir la puerta a renegociaciones contractuales. Desde el despacho de abogados GTA Villamagna señalan que las cláusulas de revisión de precios y los mecanismos de indexación se consolidan como herramientas clave para preservar el equilibrio económico de los contratos de obra sujetos a derecho privado
La evolución del conflicto en Irán y su posible extensión a otros países del Golfo Pérsico vuelve a situar en primer plano de la actualidad la estabilidad de los mercados energéticos y de materias primas. En un contexto global marcado por la interdependencia económica, cualquier tensión prolongada en la región puede trasladarse con rapidez a los costes de producción y transporte, con efectos directos en sectores especialmente sensibles como la construcción.
Uno de los puntos que concentra mayor atención es el estrecho de Ormuz, enclave estratégico para el tránsito marítimo de petróleo y gas. Una eventual restricción del tráfico provocaría problemas de suministro energético y obligaría a desviar los envíos por rutas más largas y costosas. Desde GTA Villamagna alertan sobre cómo, en economías como la europea, con una elevada dependencia energética exterior, «este tipo de tensiones puede amplificar las presiones inflacionistas y repercutir en múltiples cadenas de valor».
Construcción, un sector especialmente expuesto a la volatilidad
La industria de la construcción se encuentra entre las más expuestas a este tipo de escenarios, ya que la ejecución de proyectos depende directamente del coste de la energía, del transporte y de materiales intensivos en consumo energético. Mercedes Bértolo Martín de Rosales, socia de GTA Villamagna, señala que «cuando se producen disrupciones en los mercados energéticos o en las cadenas de suministro, el impacto acaba trasladándose con rapidez al precio de los materiales utilizados en obra. Esto ya ocurrió tras la pandemia del COVID-19 y el estallido de la guerra de Ucrania».
Las tensiones que entonces existieron por situaciones extraordinarias (en parte comparables a las actuales), llevaron incluso a la aprobación del Real Decreto-ley 3/2022, que, entre otras cuestiones, introdujo medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos del sector público, para aquellos casos en los que no resultaba de aplicación la revisión ordinaria de precios. El preámbulo de esa norma es explícito al reconocer el impacto que la escalada extraordinaria de los costes de la energía y de determinadas materias primas estaba teniendo en el sector.
En este sentido, los primeros insumos en reflejar la volatilidad suelen ser los combustibles y productos derivados del petróleo, cuyo encarecimiento termina trasladándose a materiales clave como el acero, el aluminio o el cemento. A ello se suman los costes logísticos necesarios para su transporte, lo que termina impactando en los presupuestos de los proyectos.
Como previsión, Bértolo apunta que «si el conflicto se prolonga, el principal impacto a corto plazo será un aumento de los precios de la energía y, en cadena, de los costes del transporte y de determinadas materias primas», lo que introduce «un importante factor de incertidumbre en la planificación económica de los proyectos».
Riesgos contractuales: márgenes, retrasos y renegociaciones
La consecuencia inmediata puede ser un desajuste entre los costes reales de ejecución de una obra y los precios pactados en el contrato. Cuando los incrementos son significativos e imprevistos, el equilibrio económico del contrato puede verse alterado, especialmente en proyectos de larga duración.
Para los contratistas, el principal riesgo es la reducción o desaparición de sus márgenes si los sobrecostes no pueden trasladarse al contrato, mientras que, para los promotores, el impacto suele traducirse en retrasos en la ejecución, solicitudes de revisión de precios o renegociaciones que elevan el coste final del proyecto.
«Cuando se producen incrementos sustanciales en el coste de la energía, el transporte o determinadas materias primas, el equilibrio económico del contrato se altera», explica Bértolo. Asimismo, añade que «esto obliga a analizar los mecanismos previstos en el contrato o, en su defecto, a abrir procesos de renegociación para evitar que el proyecto se vuelva económicamente inviable».
¿Qué mecanismos jurídicos existen para absorber el impacto?
Desde el punto de vista jurídico, el sector cuenta con distintos instrumentos contractuales para afrontar estas situaciones. Entre ellos, en contratos de obra a precio cerrado, destacan las cláusulas de revisión de precios o los sistemas de indexación vinculados a índices de energía o materiales, que permiten ajustar el precio cuando se producen variaciones significativas de los costes.
Cuando el contrato no prevé estos mecanismos, es frecuente que las partes negocien adendas para revisar el precio del contrato. En cambio, la invocación de la doctrina de la cláusula rebus sic stantibus suele tener un alcance limitado, ya que los tribunales consideran que las oscilaciones del mercado forman parte del riesgo empresarial. «En la práctica, la respuesta suele encontrarse antes en el propio contrato y en la negociación entre las partes que en la invocación judicial de esta doctrina», señala la socia de GTA Villamagna.
Contratos más precisos y mayor anticipación del riesgo
Ante este escenario, las empresas refuerzan el análisis de riesgos en la formalización de contratos y prestan más atención al sistema de determinación del precio y, dentro del sistema de precio cerrado, a cláusulas que regulen incrementos extraordinarios de costes. La tendencia apunta a mecanismos de revisión de precios más precisos, vinculados a índices que reflejen adecuadamente la evolución de los insumos, y a procedimientos que faciliten la renegociación o la resolución temprana de controversias.
«En proyectos de larga duración a precio cerrado, las cláusulas de revisión de precios o indexación cumplen una función clave para preservar el equilibrio económico del contrato, ya que permiten ajustar el precio pactado cuando cambian sustancialmente determinados costes, reduciendo la exposición de las partes a la volatilidad de los mercados», concluye Mercedes Bértolo.
