El Informe ‘Situación de la Formación en España 2024-25’ de la Fundación CIFE revela que hay un volumen acumulado de fondos no ejecutados que asciende a 19.168,9 millones de euros desde 2004
España avanza en volumen de actividad formativa, pero mantiene importantes debilidades estructurales en cualificación, adecuación de competencias y ejecución presupuestaria. Esta es la principal conclusión del Informe ‘Situación de la Formación en España 2024-25′, elaborado por la Fundación para la Calidad e Innovación en la Formación y el Empleo (CIFE).
El estudio ha sido realizado por Juan María Menéndez-Valdés, consultor y profesor de IE University y autor del análisis anual sobre la situación de la Formación Profesional en España, y por Valeriano Gómez, presidente de la Fundación y responsable del capítulo dedicado a la financiación de la formación continua (para el empleo y en el trabajo).
El documento fue presentado este jueves ante los principales actores del sector y ofrece una radiografía detallada del sistema de formación en un contexto de crecimiento del empleo y recuperación económica. Sin embargo, advierte que el dinamismo actual no oculta déficits persistentes: una parte relevante de la población mantiene bajos niveles de cualificación, existen desajustes entre la oferta formativa y las necesidades reales del tejido productivo y la participación en formación permanente continúa lejos de los objetivos europeos.
En el acto participaron también los agentes sociales, representados por Manuel San Juan Urdiales, director de la Representación Empresarial en FUNDAE; Miguel Canales Gutiérrez, responsable de Formación de CEPYME; Loli García García, secretaria confederal de Formación y Empleo de CCOO; y Amparo Burgueño Luego, secretaria ejecutiva de UGT. Su presencia evidenció el peso del diálogo social en la gobernanza del sistema y la necesidad de reforzar la coordinación entre administraciones, empresas y sindicatos para mejorar la ejecución y el impacto real de las políticas formativas.
En la presentación del informe, Juan Carlos Tejeda, director de Formación de la CEOE, afirmó que «la formación no es un gasto, es una inversión estratégica» y subrayó que la formación es «una herramienta imprescindible para la competitividad de nuestras empresas» y advirtió que España no podrá avanzar hacia un modelo productivo más innovador si una parte relevante de los trabajadores no dispone de las bases necesarias para adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos. Entre los principales desafíos identificados destacó el desajuste entre la oferta formativa y las necesidades reales de las empresas, que siguen teniendo dificultades para cubrir perfiles en ámbitos industriales, tecnológicos, sanitarios y energéticos, la insuficiente participación en la formación permanente, especialmente entre trabajadores de menor cualificación y de mayor edad, así como la baja ejecución de los fondos disponibles para formación, derivada de la fragmentación del sistema.
FP dual: crecimiento lento y reto normativo
Desde la Secretaría General de Formación Profesional, que encabeza Esther Monterrubio, se defendieron los avances logrados en los últimos años. Monterrubio destacó que actualmente el 100% de las enseñanzas de Formación Profesional son duales, incorporando formación en empresa como elemento central del modelo. Subrayó que la FP cumple una función clave en la reducción del abandono escolar —que se sitúa ya en torno al 12%— y en la garantía de relevo generacional y disponibilidad de talento para las empresas.
En cuanto a la Formación Profesional inicial, el informe confirma mejores tasas de inserción laboral en los niveles superiores y un impacto positivo de la modalidad dual. Sin embargo, preocupa el descenso generalizado de las tasas de inserción respecto a la cohorte anterior, pese al contexto de crecimiento del empleo.
La FP dual continúa expandiéndose, pero en el curso 2023-24 apenas superó el 5% del alumnado total, lo que evidencia el importante desafío que supone la implementación plena del modelo dual previsto en la normativa vigente.
Entre los avances de la FP, Monterrubio mencionó la modernización de centros, la creación de más de 1.400 aulas ATECA de alta digitalización, el impulso de la red de centros de excelencia como motor de innovación y el trabajo para reducir brechas territoriales, digitales y de género. «España ha avanzado en volumen, flexibilidad, conexión con el empleo y capacidad tecnológica», afirmó, aunque reconoció que el reto ahora es consolidar la calidad y profundizar las alianzas con las empresas.
Escasez de competencias y presión empresarial
Juan María Menéndez-Valdés explicó que el informe también contextualiza la situación española en el marco europeo y recoge la preocupación expresada en la reciente propuesta de Recomendación sobre Capital Humano, presentada por la Comisión Europea, que subraya la escasez de trabajadores cualificados en la Unión Europea. Según los datos citados, el 68% de las medianas empresas declara carencias de cualificación y el 77% considera que estas limitaciones constituyen una barrera para la inversión a largo plazo.
En el caso español, los déficits son especialmente acusados en sectores como industria, construcción, salud, transporte e ingenierías, además de en ámbitos estratégicos emergentes vinculados a la inteligencia artificial, la ciberseguridad, los semiconductores, las energías renovables o la rehabilitación de edificios.
Participación en formación: avances insuficientes
Uno de los puntos centrales del informe es el análisis del nivel real de participación en formación permanente. Las cifras varían según la fuente estadística. Mientras algunos datos sitúan a España por encima de la media europea, la Encuesta de Formación de Adultos de 2022 la coloca por debajo.
El porcentaje de adultos que ha realizado algún tipo de formación en el último año oscila entre el 30% y el 44%, dependiendo de si se incluye la formación guiada en el puesto de trabajo. En el caso de los trabajadores, el 46% declara haber participado en formación facilitada o financiada por su empleador, dos puntos menos que el promedio europeo y lejos del objetivo del 60% fijado para 2030.
Asimismo, el informe entra en el debate sobre la supuesta sobrecualificación de la población española. Menéndez recordó que España parte de un déficit histórico de cualificación, con un porcentaje elevado de población adulta con bajos niveles educativos y resultados por debajo de la media europea en competencias básicas. Aunque datos de Eurostat sitúan a España con la tasa más alta de la UE (34% en 2024), otros indicadores elaborados por la OCDE ofrecen una imagen más matizada, acercando la situación española a la media europea o incluso inferiores a las medias de la OCDE y la UE.
Baja ejecución presupuestaria: más de 19.000 millones sin emplear
Como explica Valeriano Gómez, el estudio ofrece una visión global de la evolución del sistema de Formación Profesional en España, con especial atención al funcionamiento de su financiación y pone el foco en el modelo de formación en el trabajo —tanto para ocupados como para desempleados— y en la ejecución real de los fondos destinados a estos programas. El sistema ha experimentado cambios significativos en las últimas dos décadas, especialmente desde 2015, año en el que se produjo una modificación normativa relevante.
Uno de los datos más significativos del informe es el bajo nivel de ejecución en determinados programas y convocatorias, especialmente en algunas comunidades autónomas, lo que evidencia problemas estructurales en la gestión. El análisis del periodo 2004-2024 revela un grado de ejecución global del 56%, con un volumen acumulado de fondos no ejecutados que asciende a 19.168,9 millones de euros. Las comunidades autónomas presentan los niveles más bajos de ejecución media, en algunos casos por debajo del 30%.
Por su parte, Gerardo Gutiérrez Ardoy, director general del SEPE, explicó que el indicador utilizado —obligaciones reconocidas netas en el ejercicio— puede ofrecer una imagen parcial, ya que parte de los fondos no ejecutados en un año natural pueden ejecutarse en ejercicios posteriores. Esto significa que, aunque la ejecución anual sea inferior a la prevista, los recursos no necesariamente se pierden, sino que se aplican en años sucesivos. No obstante, reconoció la necesidad de mejorar la ejecución anual. Además, anunció que, «por primera vez, las comunidades autónomas cuentan con financiación garantizada hasta 2029», lo que les permite planificar convocatorias plurianuales y mejorar la gestión. Esta estabilidad, afirmó, convierte a la política de empleo y formación en una de las políticas públicas con mayor previsibilidad en el actual contexto.
Evolución positiva en medio de la incertidumbre internacional
Gerardo Gutiérrez Ardoy subrayó en su intervención que, pese al contexto de incertidumbre internacional, el mercado de trabajo español está evolucionando de forma positiva. Según señaló, el crecimiento actual presenta una característica diferencial: las actividades económicas de mayor valor añadido —investigación, desarrollo, educación, sanidad o cultura— están creciendo a ritmos superiores a los sectores tradicionales. Aunque también aumentan actividades vinculadas al turismo y la hostelería, el dinamismo de los sectores más innovadores constituye, en su opinión, una buena noticia estructural para el país.
En relación con la tasa de desempleo, defendió que el análisis debe contextualizarse. España presenta una tasa de actividad que ha crecido de forma muy significativa en las últimas décadas, impulsada especialmente por la incorporación masiva de mujeres al mercado laboral y por los flujos migratorios. Este aumento de la población activa influye directamente en el cálculo de la tasa de desempleo. «No es solo una cuestión de paro, sino de cuántas personas quieren trabajar», explicó, insistiendo en que el incremento de la actividad es, en sí mismo, un dato positivo. Finalmente, apuntó un reto adicional que impactará en las políticas de empleo y formación: la regularización prevista de alrededor de 500.000 personas. Más allá de su dimensión social y de derechos humanos, consideró que esta medida supondrá un impulso positivo para la economía y el tejido empresarial, que demanda mano de obra en distintos sectores.
El coste social de la no-formación
El informe concluye subrayando el «coste social de la no-formación». Los bajos niveles formativos, el insuficiente dominio de competencias básicas y la limitada participación en formación permanente no solo afectan a la inserción inicial en el mercado laboral, sino que condicionan trayectorias profesionales más precarias y reducen la productividad agregada.
En conjunto, el Informe 2024-25 constata avances cuantitativos relevantes, pero advierte de que el verdadero desafío ya no es solo formar más, sino formar mejor y asegurar que la inversión pública en cualificación se traduzca en mayor competitividad, empleo de calidad y cohesión social.
El informe está disponible para descarga en la página web de Fundación CIFE.
