Juristas, economistas y académicos reunidos en el V Congreso Nacional de la Sociedad Civil coinciden en que la falta de reformas en democracia, pensiones, inmigración y energía compromete el futuro del país
España afronta una combinación de retos estructurales -demográficos, económicos, institucionales y tecnológicos- para los que no bastan parches ni discursos coyunturales. Esta fue la principal conclusión del congreso de la sociedad civil que, bajo el título «Mirando al futuro: España en la próxima década», reunió en Madrid a juristas, economistas, filósofos y responsables institucionales y que lanzó una advertencia común: sin instituciones sólidas, cultura cívica y reformas de fondo, el país se arriesga a perder una década clave.
«El sistema no necesita ser demolido, sino mejorado», resumió el filósofo Javier Gomá, al alertar de las «tendencias autoritarias camufladas» y de la tentación de confundir regeneración democrática con ruptura institucional. Una idea compartida por el presidente del Real Instituto Elcano, José Juan Ruiz, que defendió la corresponsabilidad ciudadana como antídoto frente al desgaste democrático.
Democracia y Estado de Derecho, bajo presión
Uno de los consensos más claros del congreso fue la fragilidad del equilibrio institucional. La separación de poderes y la igualdad ante la ley fueron señaladas como líneas rojas. La abogada Miriam González alertó del debilitamiento de los contrapesos clásicos y defendió reforzar «el poder del ciudadano individual» como complemento -no sustituto- de las instituciones representativas. En la misma línea, el catedrático Francesc de Carreras recordó que el Estado es un instrumento para garantizar la libertad igual de todos, mientras que la secretaria general de la Fundación Hay Derecho, Elisa de la Nuez, advirtió que los debates sobre financiación territorial están erosionando principios básicos de solidaridad y generando agravios difíciles de revertir.
Pensiones y deuda: la factura para los jóvenes
El bloque económico puso cifras y consecuencias al debate. El profesor de macroeconomía financiera, Javier Díaz-Giménez, subrayó que mantener déficits elevados incluso en etapas de crecimiento «no es una anomalía coyuntural, sino un problema estructural» que traslada el coste a las generaciones futuras. Asimismo, resaltó que la Seguridad Social no puede sostenerse solo con cotizaciones.
Por su parte, Juan José Rubio Guerrero, catedrático de Hacienda Pública, añadió que el problema no es solo cuánto se gasta, sino en qué: el peso creciente de las pensiones y del gasto corriente reduce la inversión y agrava la inequidad intergeneracional. Un diagnóstico que conecta directamente con el malestar de los jóvenes y la sostenibilidad del Estado del bienestar.
Demografía e inmigración: sin soluciones mágicas
La baja natalidad, el envejecimiento y la despoblación fueron descritos como un desafío institucional de primer orden. «El mundo para el que se diseñaron nuestras políticas ya no existe», resumió Diego Ramiro Fariñas, director del Instituto de Economía y Demografía del CSIC. Sobre inmigración, el mensaje fue deliberadamente sobrio. Carmen González, catedrática de Ciencia Política, recordó que el aumento del PIB no equivale automáticamente a mayor bienestar y que una integración concentrada en sectores precarios presiona salarios y servicios públicos. «La inmigración ayuda, pero no sustituye reformas de fondo», advirtió.
Tecnología, energía y posición internacional
La inteligencia artificial y la transición ecológica fueron presentadas como oportunidades estratégicas, pero también como riesgos si se gestionan sin ética ni visión de país. El analista político José María Lassalle, defendió una IA europea centrada en el ser humano, mientras que los expertos en energía alertaron del bloqueo regulatorio y de la falta de consenso político para avanzar hacia una verdadera autonomía energética.
El Congreso concluyó con una llamada a reforzar la política exterior como política de Estado, en un contexto internacional marcado por un «cambio de época», según coincidieron los exministros José Manuel García-Margallo y Eduardo Serra. Por su parte, el presidente de la Fundación Independiente, Rafael Catalá, defendió que la sociedad civil debe pasar del diagnóstico a la propuesta: «Desde la modestia, pero con convicción, queremos inspirar políticas públicas a largo plazo».
El mensaje final fue claro: los problemas están identificados desde hace años. Lo que falta ya no es conocimiento, sino decisión política, consenso y una ciudadanía dispuesta a exigirlos.
Sobre la Fundación Independiente
La Fundación Independiente asumió en la Transición como rol el desarrollo y la promoción de la sociedad civil y viene trabajando en esta tarea ininterrumpidamente desde hace casi cuarenta años. Pretende operar como un cauce alternativo y complementario de los partidos políticos, indagando en los intereses y necesidades de la sociedad con visión de largo plazo, apelando a la objetividad y el rigor como criterios rectores de sus análisis y propiciando foros de debate en los que la pluralidad de criterio y el diálogo constituyen pautas fundamentales de actuación. En este marco, organiza los Congresos Nacionales de la Sociedad Civil, un foro de referencia para impulsar consensos básicos y políticas de Estado al servicio del futuro de España.
