El Gerente General de Caja de Ahorros, Andrés Farrugia, alertó sobre el impacto que la entrada en vigencia de la nueva Ley de Interés Preferencial generará en la banca y en el mercado inmobiliario a partir del 1 de enero de 2026
La entrada en vigor de las modificaciones al régimen de interés preferencial ha encendido las alarmas en el sistema financiero panameño, especialmente por sus efectos directos en el poder adquisitivo de los compradores y en la colocación de hipotecas nuevas.
Durante el Foro Inmobiliario 2025, Andrés Farrugia explicó que la nueva normativa introduce dos cambios de alto impacto para el segmento preferencial.
Un doble impacto para los compradores de primera vivienda
El primer efecto se relaciona con el aumento en la tasa de referencia, que dejará de estar regulada. Según las proyecciones compartidas por Andrés Farrugia, la tasa podría incrementarse del actual 6.25% a 6.5% o incluso 6.75% en 2026, lo que eleva el diferencial que asume el cliente.
El segundo impacto se vincula a la reducción del tiempo de subsidio estatal, que pasará de 10 años a un máximo de 7 años, disminuyendo la protección financiera de las familias.
«La persona que antes podía comprar una casa de $100,000 ahora tiene que comprar una casa de $80,000», señaló Andrés Farrugia, al describir el efecto directo en la capacidad de compra.
Este panorama ya se refleja en los resultados del año. La Caja de Ahorros reportó una caída de $108 millones en préstamos hipotecarios, pasando de $325 millones en 2024 a $217 millones en 2025, una contracción de más del 33 %, atribuida en gran medida a la incertidumbre regulatoria.
Preparación estratégica de la banca estatal
Farrugia destacó que la reciente suspensión temporal de la ley por parte del Ejecutivo —hasta el 1 de enero de 2026— ha permitido avanzar en unos 9,000 trámites hipotecarios que quedaron paralizados. No obstante, el impacto estructural del cambio normativo requiere medidas adicionales.
Caja de Ahorros y Banco Nacional han reafirmado su compromiso con el mercado, una alianza que, al destinar entre $300 y $350 millones cada uno, les permitiría cubrir más del 60 % del segmento hipotecario en 2026.
La estrategia institucional de Caja de Ahorros incluye:
- Urgencia en desembolsos: priorizar cierres antes del 31 de diciembre, para asegurar a los clientes los 10 años de subsidio.
- Alianza y rigor crediticio: compartir riesgo con Banco Nacional y aplicar modelos científicos para validar proyectos.
- Eficiencia operativa: reducción del tiempo de formalización hipotecaria de 142 días a 33 días, con una meta de 4,000 a 6,000 hipotecas anuales en el segmento preferencial.
«Estamos trabajando con solidaridad y propósito. Nuestro objetivo es proteger a las familias, garantizar acceso a la vivienda y responder con eficiencia ante un entorno retador«, afirmó Andrés Farrugia.
Caja de Ahorros reiteró que la colaboración entre banca, desarrolladores y el Estado será fundamental para afrontar los ajustes regulatorios y mantener la estabilidad del mercado hipotecario en 2026.
