La Federación denuncia que la norma impide la entrada de estudiantes menores y facilita el acceso de universitarios sin nivel de español
Desde la Federación Española de Escuelas de Español para Extranjeros valoran positivamente algunos aspectos del nuevo Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, que desarrolla la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, como el reconocimiento explícito de la validez de la docencia impartida por los Centros Acreditados por el Instituto Cervantes, así como la limitación del visado de estudios por parte de centros no regulados. Este avance contribuye a una mayor transparencia, calidad educativa y lucha contra el fraude documental.
No obstante, desde FEDELE manifiestan su preocupación por determinados aspectos que podrían generar efectos negativos en el sistema educativo, en la imagen de España y en el control migratorio.
Ausencia de requisitos lingüísticos
El nuevo reglamento no establece la exigencia de un nivel mínimo de español para estudiantes que acceden a la educación superior, lo que permite la admisión de alumnos que podrían no estar preparados para seguir clases universitarias con aprovechamiento. Esto no solo perjudica su experiencia académica, sino que también compromete la calidad del sistema universitario español.
Por ello, proponen que se exija un nivel mínimo de competencia lingüística en español —nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas— acreditado oficialmente mediante los Diplomas de Español como Lengua Extranjera del Instituto Cervantes. Este requisito ya es habitual en muchos países receptores de estudiantes internacionales, como el Reino Unido o Alemania.
Preocupación en el ámbito de la Formación Profesional (FP)
La entidad federativa subraya que esta problemática no se limita únicamente a la educación superior. En el ámbito de la educación media —especialmente la Formación Profesional (FP)— se detectan situaciones incluso más preocupantes. Algunos centros privados están ofreciendo programas de un año con escasos controles, sin garantizar la asistencia ni la calidad formativa. Estas carencias convierten a estos cursos en vías de entrada fácil al país, facilitando situaciones de inmigración irregular.
Además, algunos de estos centros ya están comenzando a ofrecer clases mínimas y deficientes de español, lo que abre una puerta que debe cerrarse con urgencia para proteger tanto la integridad del sistema como la seguridad jurídica.
Restricción para estudiantes menores de edad
Otro efecto negativo del nuevo reglamento es la exclusión de estudiantes menores de edad que desean realizar cursos de español en España. La normativa actual impide el acceso a jóvenes que aún no han cumplido los 18 años, sin tener en cuenta las diferencias en los calendarios y sistemas educativos internacionales. Esta situación provoca desigualdades arbitrarias —como el rechazo de un alumno por haber nacido unos meses antes que otro— y perjudica gravemente el turismo idiomático juvenil.
Desde FEDELE reiteran su disposición a colaborar con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Universidades y cualquier otra autoridad competente, para revisar y perfeccionar la normativa. Su objetivo es contribuir a un marco legal eficaz, justo y alineado con los estándares europeos, que proteja la calidad del sistema, el prestigio del español como lengua internacional y el control migratorio.
